Ayuntamiento de Los Cabos fija su postura ante denuncias por posibles desvíos de recursos

Tras realizarse la auditoria forense, se emitieron diversas denuncias por posibles desvíos de dinero; la Procuraduría General de Justicia del Estado determinará la acción penal contra los exservidores públicos involucrados
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Los Cabos, Baja California Sur (BCS). Con relación a las denuncias que se han interpuesto de hechos posiblemente constitutivos de delitos que arrojaron los resultados de la auditoria forense practicada a las finanzas públicas municipales, el secretario general municipal, Luis Alberto González Rivera, expresó la postura del XII Ayuntamiento de Los Cabos.

Conviene mencionar que, la auditoria forense fue practicada por el despacho Russel Bedford México S. C, quienes revisaron cada uno de los documentos y facturas recibidas y pagadas por el XI Ayuntamiento, donde se encontraron diferentes inconsistencias, por lo que interpusieron las denuncias correspondientes.

Asimismo, González Rivera manifestó que no sería una cacería de brujas, pero se presentarían los resultados y se actuaría de acuerdo a la ley.

Uno de los delitos señalados fue la posible aplicación indebida de recursos obtenidos vía empréstito en mayo del 2012, donde se solicitó un crédito bancario por más de 189 millones de pesos, los cuales serían destinados para la inversión productiva.

Otra de las denuncias se debió por la posible aplicación indebida de recursos obtenidos vía crédito Bancario en diciembre del 2012, donde se contrató un crédito por más de 161 millones de pesos, etiquetados para la modernización Catastral, del Registro Público de la Propiedad, así como la adquisición de maquinaria pesada.

Durante la revisión de números y documentos no hay justificación, evidencia o documentación comprobatoria de recursos por un orden superior a los 37’170,882 pesos, siendo lo anterior un ejemplo de múltiples irregularidades.

Finalmente, puntualizó que la auditoría forense aportó los elementos que podrán servir de prueba para las indagatorias del Ministerio Público, pero será la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), quien efectue la investigación y la posible configuración de delitos que arrojarán las mimas a efecto de determinar la acción penal sobre aquellos exservidores públicos a los que se les acredite una presunta responsabilidad.


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