Congreso aprueba propuesta para ejecutar juicios políticos a funcionarios de BCS

El diputado Esteban Ojeda comentó que cualquier ciudadano puede solicitar un juicio político, siempre y cuando se cumpla con las pruebas
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La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado local, Esteban Ojeda Ramírez lanzó ante tribuna una iniciativa de Ley en la cual se reforma el Artículo 157 de la Constitución Estatal a fin de armonizar con ordenamientos federales en materia de juicio político y sanciones a servidores públicos del estado; una vez aprobada, el Congreso de Baja California Sur podrá sancionar a aquellos funcionarios que violenten la Constitución Política.

“Se impondrán mediante el juicio político, las sanciones indicadas en el Artículo 158 a los Servidores Públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones, incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, e igualmente por violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales, previa resolución declarativa de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en términos del segundo párrafo del artículo 110 de dicha Norma Fundamental”, recalcó ante el pleno.

En cuanto a la solicitud de un juicio político, explicó que tanto los ciudadanos como las autoridades de la entidad, pueden pedirlo, siempre y cuando demuestren que hay una violación a los recursos humanos o los bienes.

“Hay procedimientos administrativos para el juicio político, cualquiera lo puede solicitar, pero tiene que reunir una serie de requisitos regularmente administrativos y fundamentalmente que se haya cometido una falla grave por alguna autoridad en general, no necesariamente tiene que ser el diputado o el Gobernador, hay una serie de actividades que tienen la responsabilidad de administrar bienes, recursos humanos, recursos económicos”, enfatizó.

En este sentido, comentó que cuando un funcionario cometa un delito durante su gestión, relacionado con los recursos humanos o económicos, se debe proceder a un juicio político.

“Quien haya cometido esos delitos graves y que tenga que ver con su función, bueno pues se inicia un procedimiento y eso no está en manos de nosotros, lo puede hacer algún ciudadanos, algún grupo o alguna autoridad”, detalló.

Además, explicó que aunque en la entidad se cuenta con una Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, no existe una regulación para su aplicación.

“En la Constitución Política del Estado de Baja California Sur y desde luego, al no existir la prevención constitucional local, tampoco se regula o pormenoriza cual es el trámite que el Congreso del Estado llevará a cabo una vez que reciba la comunicación a que se refiere precisamente el segundo párrafo del precitado artículo 110 de nuestra Carta Magna”, refirió.

Finalmente, la iniciativa fue turnada a las comisiones permanentes de puntos constitucionales y de justicia, así como a la vigilancia de la auditoría superior del estado.


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