La Paz, Baja California Sur (BCS). La tarde de este martes 5 de marzo se aprobó en el Congreso de Baja California Sur, de manera unánime, las reformas constitucionales que soportan la creación de la Guardia Nacional, la extinción de dominio y en materia de prisión preventiva oficiosa.
En relación a la Guardia Nacional, se aprobó reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de la Guardia Nacional, situación que fue calificada como positiva por el diputado Esteban Ojeda Ramírez.
“Con esta institución el Gobierno del Estado y los Ayuntamiento podrán apoyar en las tareas de prevención e investigación de los delitos, algo que no es nada nuevo, ya que en nuestra entidad federativa la coordinación de los cuerpos policiales de los 3 niveles de gobierno […] ha dado resultados para la reducción de delitos”, comentó.
No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito.
La acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal. Las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno prestarán auxilio al cumplimiento de esta.
Esta medida será procedente sobre los bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con investigaciones por corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud.
Asimismo, se contemplan hechos de secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
Por otro lado, la reforma del artículo 19 constitucional buscará agregar 9 hipótesis delictivas a la lista de los que procede la Prisión Preventiva Oficiosa, que actualmente contiene 4 delitos específicos y 5 grupos de delitos (delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos en materia de armas de fuego, delitos graves contra la seguridad nacional, delitos contra el desarrollo de la personalidad y delitos contra la salud).
Los delitos que se agregaran son abuso o violencia sexual contra menores; feminicidio; robo a casa habitación; uso de programas sociales con fines electorales; corrupción, tratándose de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.
También se añadirá el robo al transporte de carga, en cualquiera de sus modalidades; delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos; delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; así como los delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Dentro de las reformas para la Guardia Nacional, el Artículo 10 hace mención que los habitantes de México «tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal».
Por su parte, el Artículo 16 refiere que “cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana”.
En caso de que algún elemento de la Guardia Nacional cometa algún delito, será presentado a la autoridad civil correspondiente, añade el proyecto presentado durante este martes en el Congreso de Baja California Sur.
Finalmente, un año después de emitirse el programa, el Ejecutivo local enviará anualmente a la Legislatura de la entidad federativa correspondiente y al Consejo Nacional de Seguridad Pública, la evaluación integral del mismo.
