La Paz, Baja California Sur (BCS).- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) aún no sabe “qué es lo que está pasando” con el dinero que los usuarios del puerto de Pichilingue pagan a través de la polémica tarifa denominada Acceso a Terminal Portuaria (ATP), según confirmó Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, coordinador general de Puertos y Marina Mercante en México, adelantando que se iniciarán indagaciones para dar con el recurso.
“Vamos a hacer una investigación de qué es lo que está pasando con el dinero que pagan, quién se queda con él, a dónde se queda y a dónde tenemos que llegar”, dijo el funcionario federal en breve visita a la ciudad de La Paz, donde además confirmó que el cobro por ATP “es obligatorio” y “absolutamente legal”.
Así, se refirió al caso Baja Ferries contra Administración Portuaria Integral de Baja California Sur (APIBCS), recordando que el litigio aún no se resuelve y dejando ver que será ahí donde se comprobarán las acusaciones de Mariano Ruano, dueño de la naviera, cuando asegura que las acciones recaudatorias de la paraestatal son fraudulentas, pues ha cobrado a sus usuarios el servicio opcional de báscula, disfrazado de ATP, de manera obligada, realizando además un doble cobro, el de muellaje y el de acceso a la terminal.
“El litigio está a la mitad, ellos se están quejando, hay que ver si hay cobros dobles, si no hay cobros dobles, quién se está quedando con el dinero, eso es lo que hay que ver […] Necesitan los usuarios [del puerto], que están haciendo un negocio, pagar por hacer el negocio. Si no hicieran negocio y fuera un servicio gratuito, en beneficio de la población, pues a lo mejor todos tendríamos que cooperar. Si es un negocio, tienen que pagar por el uso de la infraestructura. El gobierno federal, el gobierno estatal, gasta en esto y, por ello, porque gasta, tiene que cobrar”.
Por último, Raúl Ruiz de Teresa llamó “marrunería legal” al último argumento de Baja Ferries para no realizar el pago de ATP a la API, donde señala que el cobro ni siquiera se encuentra registrado en la Dirección de Puertos, pues legalmente no es necesario realizar tal registro, dijo, para que la tarifa sea oficial y legal.
“Bienvenido el sector privado, bienvenido al que invierta y bienvenido al que se tome riesgos y bienvenido al que haga negocio, pero también bienvenido al que pague parte de los costos que hacen los gobiernos”.
