Diputados de oposición critican que se quiera privatizar Centro de Activación Física de La Paz

"Una cosa es una cuota de recuperación para poder tener los recursos para los gastos que genere el mismo Centro; y otra, es pagar una mensualidad que va a cobrar la empresa que gane la licitación, porque va a ser un negocio con recursos federales”, manifestó Rosa Delia Cota Montaño
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La Paz, Baja California Sur (BCS). Los diputados en el Congreso del Estado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) criticaron y se opusieron a que se intente privatizar – mediante licitación – el Centro de Activación Física y Bienestar en La Paz, pues consideran que una empresa saldrá beneficiada y “hará negocio” con un inmueble que fue construido con recursos públicos federales.

“Seguimos mostrando nuestra inconformidad, porque no es posible que, con recursos públicos se financie para que la iniciativa privada haga negocio”, sentenció Camilo Torres Mejía, del PT.

Guadalupe Rojas Moreno, de Morena manifestó también su rechazo por el prolongado tiempo que se piensa licitar dicho ligar: “En el dictamen quedó establecido que va a ser por 25 años el tiempo, que quien obtenga esa licitación”.

Por su parte, Rosa Delia Cota Montaño, del PRD señaló que “no es justo, no es equitativo, no hay ninguna razón para que no busquen un esquema interno de gobierno que pueda administrar este Centro de Activación Física y Bienestar en beneficio de la sociedad sudcaliforniana, de los deportistas, de las personas que tienen problemas de salud, con problemas de discapacidad, porque no van a poder pagar una mensualidad; pueden pagar sí, una cuota de recuperación, que lo más viable para que empiece a funcionar.

“Se habla de alrededor de 4,000 personas que puedan ir, ¿podrán 4,000 personas de La Paz pagar, considero yo, no menos de 500 pesos mensuales? Esto va a ser un lugar para la élite”, aseveró.

Rosa Delia Cota Montaño, diputada del PRD

En ese mismo sentido, la diputada del Sol Azteca indicó que el Gobierno del Estado se declaró incapaz de administrar dicho lugar; pero que, aun así, se puede crear un organismo desconcentrado para que pueda realizar esta función.

“En función de que el Gobierno del Estado, en la exposición de motivos, se declara incapaz de administrar este Centro de Activación, nosotros propusimos que se creara un organismo desconcentrado, que se manejara con patrimonio propio y pudieran participar asociaciones deportivas; y, un administrador que sacara cuánta gente puede ir y cuál sería una cuota de recuperación.

“Una cosa es una cuota de recuperación para poder tener los recursos para los gastos que genere el mismo Centro; y otra, es pagar una mensualidad que va a cobrar la empresa que gane la licitación, porque va a ser un negocio con recursos federales”, subrayó.

Camilo Torres Mejía, diputado del PT

Entre las acciones a realizar por parte de los legisladores de oposición en Baja California Sur, es que solicitarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que intervenga para revisar este tema, pues consideran que la licitación es ilegal.

“Estamos pidiendo que se haga un exhorto a la Secretaría de Hacienda para que revise, ahora sí que no se están cumpliendo con las reglas de operación donde no se puede licitar o entregar a un particular esa obra; y si no, nos iremos hasta la Suprema Corte, a la Auditoría Superior de la Federación, o ver a dónde podemos ir para que este atraco no se dé a los sudcalifornianos”.

“Presentaremos denuncias administrativas y penales ante posibles hechos constitutivos de delito como serían el cohecho, el peculado y demás a que hubiera lugar y contra quien resulte responsable. Finalmente, en su momento, también solicitaremos la intervención de la Auditoría Superior de la Federación al evaluar el ejercicio en que hubiere de consumarse dicho acto”, manifestaron.

“Sí vamos a hacer del conocimiento de la ciudadanía y vamos a llamar a los deportistas para que muestren su rechazo sobre esta privatización, ahora sí, este negocio que quiere hacer alguien”, agregó Cota Montaño.

Guadalupe Rojas Moreno, diputada de Morena

Durante su exposición, los diputados manifestaron lo siguiente:

“El pasado martes 21 de febrero fue aprobado el dictamen que autoriza al Titular del Ejecutivo a concesionar el Centro de Activación Física y Bienestar con los votos de los partidos que conforman la coalición gobernante, y el rechazo del resto de quienes integramos la actual Legislatura.

“De esta forma, se dio luz verde a que una obra de más de 100 millones de pesos, construida con la finalidad de coadyuvar en el ejercicio del derecho al deporte y la salud de la población sudcaliforniana, cuyos recursos son 100 % federales, sea equipada y operada por particulares, en una lógica de rentabilidad económica, en sustitución al interés por el beneficio social proyectado inicialmente.

“La mayoría parlamentaria que aprobó el dictamen para la concesión de dichas instalaciones, sin haber realizado un estudio a fondo de los requerimientos y una proyección de los gastos a 25 años, dio por ciertas las cifras que el Gobierno del Estado presentó y que a todas luces son exageradas, puesto que su propósito no era sino poder justificar la decisión que había sido del conocimiento de la opinión pública en boca de distintos funcionarios, desde meses atrás, que habían anunciado la intención de que se licitaran dichas instalaciones

“A pesar de que expusimos que dichas cantidades con la cantidad de personas que serían atendidas por el Centro, solamente para cubrir la inversión, el mantenimiento, la renta al gobierno del estado y, además, la ganancia, terminarían por encarecer el precio que se cobraría a los usuarios, haciendo de entrada del mismo, un proyecto ya no de amplio alcance, sino para quienes tuvieran las condiciones económicas para pagarlo.

“A pesar de que se expusieron estas y demás razones para que se buscara una alternativa de carácter público para la administración de dicho centro, con la participación de los propios deportistas y en general, de la sociedad civil organizada, no se tuvo la sensibilidad para poder atender estas preocupaciones, así fuera para incluir y garantizar simbólicamente, su atención en el modelo de contrato”.


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