La Paz, Baja California Sur (BCS).- Mientras el diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya, presidente de la Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, asegura que “hablar de procuración de justicia en Baja California Sur es hablar de mafia”, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Adonaí Carreón Estrada, no niega su dicho, simplemente señala que es una percepción “muy respetable”.
Ibarra Montoya deja ver que, entre un sinnúmero de casos, el retraso en la conclusión de las 4 denuncias penales a “ex presidentes” de las administraciones municipales de La Paz, Comondú, Mulegé y Loreto durante el ejercicio 2010 tiene relación con la “mafia” que impera en la PGJE, donde “las denuncias se atrasan por años”, a los policías se les controla con “mordidas” y buena parte de los ministerios públicos “son corruptos”.
“Yo no sé qué está esperando la procuraduría para actuar, ya están las denuncias correspondientes, ya deberían fincarle otras responsabilidades, no nada más a él [Yuan Yee], a todos los funcionarios de su gobierno; y no nada más ahí, también en La Paz y en Mulegé”.
Carreón Estrada insiste en que todas averiguaciones previas iniciadas por la procuraduría justicia del estado “tendrán su cause, tendrán su avance de acuerdo a la ley lo establece”. A su ver “todas las averiguaciones previas están caminando” y la Policía Ministerial del Estado “está trabajando en la investigación”, los Servicios Periciales “en la investigación científica” y los ministerios públicos integran la información necesaria para resolver los casos.
Por otra parte, el presidente de la Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior ha adelantado que el Congreso del Estado otorgará únicamente “dos semanas más” antes de interponer nuevas denuncias penales a los municipios que no han solventado las observaciones realizadas por el ejercicio 2011, que son Comondú, Loreto y Mulegé.
