La Paz, Baja California Sur (BCS). Los integrantes de la pasada administración en el Ayuntamiento de La Paz fueron citados a declarar por la Fiscalía General de la República (FGR) en Baja California Sur; esto derivado del polémico contrato de alumbrado público para el municipio, relacionado al Grupo Integral de Recolección y Reciclados del Occidente, Sociedad Anónima de Capital Variable (GIRRSA).
Hasta el momento han acudido a declarar los exregidores Pablo Ojeda Meza y Ana Lorena Castro Iglesias, siendo citados Roxana Reyes Simeón y Julio Cervando Higuera Márquez.
De acuerdo al resolutivo del Juez Segundo del Tribunal Colegiado de la Federación, también serán llamados a comparecer el expresidente municipal, Armando Martínez Vega, así como la entonces síndica municipal Rosa Evelia Solorio Martínez y demás grupos de planilla, incluyendo la actual legisladora Perla Guadalupe Flores Leyva y el extesorero municipal, Raúl Adrián Calderón Jordán.
Las personas antes mencionadas violaron la Ley de Amparo incurriendo en el delito de desacato al desobedecer un acto de suspensión, por lo que son acreedores a una sanción del tipo penal, que va entre los 3 y 9 años de prisión y una multa de 4,224.5 pesos a 42,245 pesos, así como inhabilitación de 3 a 9 años en otro cargo, empleo o comisión pública.
Esta información fue confirmada por palabras del exregidor Maximinio Iglesia Caro, quien recordó que en su momento GIRRSA interpuso un recurso de amparo cuando el XV Ayuntamiento se negó a pagar el importe del convenio realizado en la administración de Esthela de Jesús Ponce Beltrán.
Ginalmente, se estima que los exfuncionarios de la pasada administración tendrán que responder en breve otro amparo, por el caso de la minería impulsada por Desarrollo Zapa, también conocido como Los Cardones.
Con información de Colectivo Pericú
