Gobernador del Estado, firma decreto para el Sistema Estatal Anticorrupción

Mendoza Davis, indicó que una vez entre en vigor este sistema, se podrán realizar sanciones a particulares que en conjunto con servidores públicos, realicen un acto de corrupción, subrayando que se establecerán los periodos de prescripción de acciones legales contra la corrupción, pudiendo determinar hasta 7 años
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La Paz, Baja California Sur, (BCS). Acompañado del secretario General de Gobierno, Álvaro De la Peña Angulo, el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis firmó el decreto que expide la reforma constitucional, misma que crea el Sistema Estatal Anticorrupción en la entidad, esto luego de ser aprobado por el Honorable Congreso del Estado.

En presencia de la titular de la Contraloría General, Sonia Murillo Manríquez, el mandatario expresó que dicha propuesta es una iniciativa de naturaleza ciudadana, la cual, fue presentada junto con los diputados del Partido Acción Nacional y el Partido de Renovación Ciudadana, en el Congreso del Estado, el pasado diciembre del 2016.

El titular del Poder Ejecutivo destacó, que contar con una base sólida en la Constitución de nuestro estado, es el primer paso para derribar a la corrupción, contemplando la creación de un Comité de Participación Ciudadana, el cual estará integrado por 5 personas que se hayan destacado por su transparencia al rendir cuentas, así como su procuración de justicia y combate a la corrupción.

En este sentido, también se buscará crear una fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción, con autonomía técnica y gestión, señalando que de igual forma, se podrá instituir un Tribunal de Justicia Administrativa, mismo que será autónomo y especializado, pues atenderá acusaciones graves sobre corrupción, en contra de funcionarios y servidores públicos.

Finalmente, Mendoza Davis, indicó que una vez entre en vigor este sistema, se podrán realizar sanciones a particulares que en conjunto con servidores públicos, realicen un acto de corrupción, subrayando que se establecerán los periodos de prescripción de acciones legales contra la corrupción, pudiendo determinar hasta 7 años.


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