La Paz, Baja California Sur, (BCS). El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, tuvo una reunión este lunes en la Ciudad de México, con los gobernadores integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, (Canago), donde indicó que el incremento al precio de los combustibles, es una de las preocupaciones que se mantiene entre ellos, expresando que deben existir medidas de compensación para las familias mexicanas.
Dicha reunión encabezada por su presidente, Graco Ramírez, se contó con la presencia también, el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade y el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, mismos que coincidieron con los gobernadores de la República, al mencionar que las manifestaciones sociales que se han realizado durante estos días, deben realizarse dentro de un marco legal de respeto y legalidad, manteniendo un clima civilizados.
Así mismo, los mandatarios establecieron analizar y construir otro tipo de alternativas que favorezca en la creación de nuevas opciones, frente a la inconformidad social que se ha venido presentando en varios estados de la República.
En este sentido, Mendoza Davis expresó ante los ejecutivos, que ante todo, deben actuar bajo la serenidad y firmeza al momento de realizar cualquier tipo de acciones que permitan beneficiar a los ciudadanos, recalcando que los gobernadores, son los que tienen una parte importante en la gobernabilidad de su país.
Por otra parte, el Gobernador de Baja California Sur, expresó que dentro de la entidad, su administración ha tomado medidas de austeridad para no afectar la economía de sus habitantes.
“Desde el inicio de la administración tomamos medidas de austeridad y de manejo eficiente de los recursos públicos, lo que nos ha permitido hacer más con menos recursos, sin la necesidad de tomar medidas impositivas que afecten directamente los bolsillos de los sudcalifornianos”, dijo.
De igual forma, Carlos Mendoza recalcó que dentro del gobierno estatal, no se han elevado los gravámenes a los ciudadanos, generando un marco jurídico responsable para la generación de empleos en la media península, indicando que como parte de las medidas que se establecieron al comienzo del actual gobierno sudcaliforniano, no se ha elevado su plantilla laboral, ni los salarios pertenecientes a los funcionarios públicos del estado, para que de esta forma, se vean los compromisos adquiridos en favor del bienestar de la entidad.
