“El pronóstico, si es a valores actuales, pues es muchísimo dinero, puesto que si multiplicamos los mil kilómetros de la carretera transpeninsular, una carretera terminada hace cincuenta años y que en su oportunidad no se hicieron los convenios de ocupación previa y no existen antecedentes donde se haya convenido con los ejidatarios algún pago, entonces si actualizamos a precios actuales, pues saldría estratosféricamente un dineral que el país, el Estado, no tiene para pagarlos”.
Gutiérrez Magaña detalló que de los 50 juicios agrarios que mantienen, han recibido 16 condenas. En 10 casos deben “hacer las expropiaciones” y en seis un “pago directo”. La estrategia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), según dejó ver, será convenir con los ejidatarios el pago de precios no relacionados con los actuales y esperar a que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) se encarguen de las expropiaciones y estimar el costo de las tierras.
“Dependemos de la tramitología que tenga la Sedatu para poder hacer la expropiación, faltan los avalúos actualizados, para así pedir los recursos, tramitar los presupuestos y hacer los pagos correspondientes […] No sabemos realmente los montos, tenemos más o menos un pronóstico de lo que pueda costar y sabemos perfectamente la superficie afectada, es cuestión nada más de que salgan los avalúos, los multiplicamos por las áreas afectadas y nos dan los valores […] Estamos conviniendo con ellos para salir en buenos términos y hacer las liquidaciones correspondientes y las expropiaciones, porque no podemos expropiar el terreno si no lo pagamos”.
Es así que a 50 años de haber ocupado las tierras de ejidatarios sudcalifornianos el Gobierno de la República no conoce aún cuánto debe pagarles por ello ni cuenta con una fecha precisa para hacerlo.
