La Paz, Baja California Sur (BCS). La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en el estado ha iniciado el Registro de Despachos de Cobranza (Redeco), luego de que este mes de enero entrara en vigor la reforma financiera del Gobierno Federal.
Homero Davis Castro, delegado de la dependencia, explica que de ahora en adelante los despachos de cobranza tendrán prohibido utilizar nombres que se asemejen a las de instituciones públicas; utilizar números de teléfono que aparezcan en el identificador de llamadas como «confidencial», «oculto», «privado» o con cualquier otra expresión o denominación semejante que imposibilite su identificación, así como utilizar números distintos a los registrados en el Redeco de la Condusef, y deberán llamar únicamente entre siete de la mañana y 10 de la noche.
“Las instituciones financieras, antes que nada, nos tienen que dar a conocer a Condusef cuáles son los despachos que están contratando para su cobranza, que antes no lo sabíamos, número uno; número dos, sí van a poder hacer la cobranza, pero lo tienen que hacer a determinadas horas del día, que se acrediten con su credencial para poder hacer el cobro, no van a poder emitir comunicados en papeles escrito que parezca de carácter judicial”.
Será motivo de sanción para las instituciones financieras cuando sus despachos de cobranza amenacen, ofendan o intimiden al deudor; cuando realicen gestiones de cobro a terceros; cuando establezcan registros especiales, distintos a los ya existentes, como “listas negras” que hagan del conocimiento del público la negativa de pago de los deudores; cuando los despachos reciban por cualquier medio y de manera directa el pago del adeudo; cuando realicen gestiones de cobro, negociación o reestructuración con menores de edad o adultos mayores; y cuando lleven a cabo gestiones de cobro, negociación o reestructuración de los créditos, préstamos o financiamientos, en un domicilio, teléfono o correo electrónico distinto al proporcionado por la entidad financiera o el deudor.
“Ahora nosotros sí sabremos qué institución financiera es la que tiene el despacho, entonces nosotros no vamos a actuar directamente con los despachos, la ley no nos lo permite, pero sí con las instituciones financieras y decirles ‘oye, tal despacho está haciendo esto y esto y esto’”, explica el delegado.
“Los despachos de cobranza normalmente hablan a deshoras de la noche, lo hacen muchas veces de manera grosera, notifican por medio de comunicados a los vecinos, acosan a los usuarios”.
Cabe recordar que en 2014 la Procuraduría de Cobranza Judicial S.A. de C.V., de Banco Azteca, fue un despacho de cobranza que apareció en diversas ocasiones en medios de comunicación por denuncias ciudadanas en su contra que lo señalaban por utilizar métodos violentos contra los deudores.
En aquel entonces, Adrián Morales Lucero, “encargado de la Cartera Difícil de Banco Azteca”, explicaba que los abogados de la Procuraduría de Cobranza Judicial, como endosatarios en procuración de un pagaré, contaban con “el derecho literal de exigir el cobro, el derecho a demandar, el derecho a embargar y llegar hasta la sentencia”, lo que ahora no será posible.
El 30% de los sudcalifornianos ahorra
Por otro lado, Davis Castro se refirió a un reciente estudio de Condusef el cual “arroja que en Baja California Sur cerca del treinta por ciento de la población destina una parte de su ingreso al ahorro”.
En este sentido, el delegado precisó que “de esas personas que ahorran, la mayoría destina de un diez por ciento a un quince por ciento” de su salario a la inversión de la reserva.
Sin embargo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera de 2014, en México el 35 por ciento de las personas tiene algún tipo de ahorro o inversión formal, lo que coloca a los sudcalifornianos ligeramente por debajo de la media nacional en este rubro.
