La Paz, Baja California Sur (BCS). “Que sean claros y congruentes; no hay congruencia en el actuar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) encabezada por Héctor Jiménez Márquez”, señaló Elmo Castillo Sandoval, director comisionado en Cabo San Lucas y representante de primaria del Movimiento Sindical Cabeño.
La acusación proviene por el oficio OFC/DP/120/2013-2014 enviado por el representante de la Dirección de Educación Primaria, Raymundo Tarín Ruíz. En dicho documento se comunicó que el “Personal Comisionado” en funciones distintas con Clave E0221, “deberán reubicarse como Directores por lo que será necesario que Usted haga lo propio como docente frente a grupo”.
Lo anterior se dio en base, según la misiva, en la Ley General del Servicio Profesional Docente en la que, además, advirtió el funcionario estatal, no habría prórroga para acatar en el próximo periodo escolar. La orden, aseguró Tarín Ruíz, fuegirada por el titular de la SEP, Héctor Jiménez Márquez.
Ante la noticia el inconforme manifestó que la dependencia estatal estaba equivocada. Por eso recordó el Décimo Cuarto artículo de la Ley General del Servicio Profesional Docente:
“La Secretaría y las Autoridades Educativas Locales diseñarán un programa que estás últimas llevarán a cabo para la regularización progresiva de las plazas con funciones de dirección correspondientes a las estructuras ocupacionales de las Escuelas de Educación Básica, de conformidad a la disponibilidad presupuestal”.
“Quieren aplicar la ley en unas partes, en otras no. La ley marca que se debe dar plaza mediante de un examen de oposición, y las siguen publicando en el boletín por escalafón; ¿la van a aplicar o no? ¿O harán arreglos a escondidas? ¿A quién quieren beneficiar o a quién quieren perjudicar”, recalcó.
Le preocupa que en las direcciones escolares en Los Cabos hay personas con 20 años bajo el estatus de compensado, por tal motivo se trasladaron 13 maestros para hablar con Jiménez Márquez o con los encargados de llevar la aplicación de la Reforma Educativa en Baja California Sur.
“Creemos aquí no existe un orden para cumplir las leyes, dicen una cosa, ejecutan otra. Presumen obedecer de la armonización y hacen otras”, añadió.
Subrayó que pese a luchar porque se respeten los derechos de los trabajadores de la educación, la situación no quiere decir que apoyen las medidas impulsadas por el gobierno mexicano.
