Nuevo encargado de la SCT en BCS, está acusado de enriquecimiento ilícito y corrupción

César Medellin (Foto: Diario Despertar de Oaxaca)
En 2015, el nuevo delegado de SCT en Baja California Sur fue denunciado en Oaxaca por presuntos actos de corrupción y conflicto de intereses, mientras se desempeñaba como Subdirector de Obras
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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Gobierno que ahora encabeza Andrés Manuel López Obrador, nombró como director general del centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Baja California Sur a Julio César Medellín Yee, funcionario que en el pasado fue acusado por enriquecimiento ilícito y corrupción en el estado de Oaxaca.

“En uso y facultad que me confiere el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal […] he tenido a bien designarlo, a partir del 1 de diciembre de 2018 en forma interina, como Director General del Centro SCT Baja California Sur”, expresa el documento expedido por el nuevo Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú.

César Medellín pasa a ocupar el cargo que hasta el 30 de noviembre ocupaba Sergio Herrera Concha ─procedente de Tabasco, y quien también era señalado por actos de corrupción─ en la delegación de Baja California Sur.

En 2015, el Corporativo de Apoyo y Defensa para los Constructores Oaxaqueños (Cadco) anunció que interpondrá denuncias contra el Subdirector de Obras de SCT, Julio César Medellín Yee ─además de otros funcionarios─ ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntos actos de corrupción y conflicto de intereses.

En aquel entonces, las investigaciones realizadas por la asociación civil dejaron que en Oaxaca el centro SCT ejerció 3,220 millones de pesos, de los que 1,846 fueron por licitación pública; 1,325 millones de pesos a 3 personas y 49 millones de pesos por adjudicación directa.

Asimismo, se puso en evidencia 32 contratos que se adjudicaron por invitación, situación que está por encima de la ley y que fueron otorgados de manera ilegal por un monto de 580 millones de pesos.

Con información de Proceso


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