Los Cabos, Baja California Sur (BCS). Más de 15 años de litigios, despojo e irregularidades están relacionados al predio de 293 hectáreas conocido como “Las Brisas” de San Cristóbal, en las costas de Cabo San Lucas, debido a los intereses de Gina Barroso Azcárraga, prima del presidente del Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean, así como la negligencia o complicidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Baja California Sur y a nivel federal.
El procedimiento de enajenación del predio, que se ha prolongado por más de 15 años, revela que el solicitante original de dicho predio, Ramón Orozco Burgoin, realizó desde 2002 el trámite de titulación de estos “terrenos nacionales” ante la extinta Secretaría de la Reforma Agraria.
El terreno se ubica dentro del corredor turítico de Los Cabos, a unos kilómetros del Aeropuerto Internacional de Cabo San Lucas, cuyo valor es de millones de dólares.
En su momento Orozco argumentó que los terrenos fueron otorgados a sus abuelos desde 1914 por su apoyo a la Revolución Mexicana, entregando documentos que argumentaban la posesión del predio, el cual es un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de julio de 1987.
Mientras tanto, en 2004 la empresa Las Demasías S.A. de C.V intentó lo mismo con el predio colindante, buscando también regularizar la propiedad de un predio colindante, pero sin acceso al mar.
La operación para apoderarse del predio de Orozco Burgoin involucró varios actos jurídicos para adquirir la propiedad mediante la falsificación de firmas y documentos, a fin de justificar la cesión de derechos ante la autoridad municipal.
Asimismo, otros desarrolladores se entrevistaron en aquel tiempo con el gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez, presentando escrituras y clave catastral diferente, pero con las mismas coordenadas geográficas, escribió Héctor Martín Ojeda de la Rosa, en su libro Baja California Sur ante la Corte Gringa.
Con un título de propiedad falso y con el apoyo del mandatario perredista, los empresarios Ernesto Coppel de la empresa Pueblo Bonito y Luis Bulnes, de Solmar & Playa Resort, tomaron la mitad del predio que no les correspondía, despojando a Orozco Burgoin y su familia, ante una supuesta cesión de derechos.
La denuncia por despojo presentada en 2009, acusa al abogado Jesús Rubio Ruiz de presentar ante la Secretaría de la Reforma Agraria un documento con la firma falsa de Orozco Burgoin cediéndole los derechos de propiedad, así como otras irregularidades dentro del proceso administrativo, según lo descubrió el topógrafo Jacino Romero.
Por su parte, se tiene documentada una serie de irregularidades relacionadas a las autoridades de Sedatu, entre las cuales se destaca la pérdida del expediente del caso, pues “el vehículo en el que se transportaba la documentación sufrió un siniestro con pérdida total”.
Ante la larga batalla jurídica, la persecución en su contra y la serie de intereses que querían despojarlo de su predio, Orozco Burgoin falleció el pasado marzo de 2018, sin obtener su título de propiedad y sin que terminará la historia de despojo.
No obstante, la abogada Cinthya Rubio, apoderada legal del fallecido, afirmó a Proceso que han ido ganando en los tribunales los amparos interpuestos por la empresa Las Demasías, pero el juez ha ido alargando la resolución final que lleva ya 2 años.
Con información de Proceso / Homo zapping
