La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de que se comprobará el proyecto minero “La Testera”, ubicada en San Antonio, no cuenta con el Estudio de Riesgo Ambiental, Programa de Prevención de Accidentes y Seguro de Riesgo Ambiental, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso una clausura total temporal de todas las actividades metalúrgicas que se realizan en dicho lugar.
Conviene mencionar que, a inicios del mes de mayo, Profepa clausuró de manera parcial a la minera, esto debido a que se encontró con el incumplimiento de las normas ambientales establecidas para el manejo de residuos peligrosos.
En ese momento, la visita de la autoridad se originó después de se denunciará que la actividad del proyecto minero “La Testera” podría generar afectaciones a la población en Baja California Sur.
Mientras tanto, la institución destacó que la clausura total temporal se originó luego que que no se acreditará que la empresa formuló o sometió ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el Estudio de Riesgo Ambiental, como lo establece la normativa en la materia.
Tampoco se acredito contar con el Programa de Prevención de Accidentes ni con el Seguro de Riesgo Ambiental, que exige la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
Por lo anterior, se procedió a ordenar la medida de seguridad y la colocación de los sellos de clausura en las instalaciones de la mina.
“La medida impuesta se deriva de un procedimiento administrativo en materia de riesgo ambiental iniciado en el año del 2015, mismo que a la fecha se encuentra firma al haber causado estado”, indicó la autoridad ambiental a través de un comunicado.
Finalmente, destacó que lo anterior se originó después de que la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Poder Judicial de la Federación resolviera la demanda de nulidad interpuesta por la empresa Mexxim, S.A de C.V. en contra de la resolución administrativa de Profepa.
Resulta oportuno indicar que, La Testera inició sus actividades de extracción desde el 2010, año en el que se habría entregado la resolución de la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental de Semarnat.
