La Paz, Baja California Sur (BCS). Después de más 1 año y ser señalados de haber intentado cambiar el uso de suelo en favor de la minera Los Cardones, este jueves, los exregidores y exsíndico de la anterior administración municipal de La Paz, reaparecieron juntos en el Congreso del Estado para ratificar una denuncia de juicio político en contra de los diputados integrantes de la Comisión Instructora de Juicio Político de los exservidores, argumentando ser víctimas de persecución política y violentar sus derechos.
“Venimos a ratificar la denuncia que presentamos, va llevada de la mala atención por parte de los diputados en el juicio político; los que integran la Comisión Instructora de Juicio Político han violentado las garantías de todos los regidores”, explicó el exregidor, Fausto Álvarez Gámez.
“Han manejado esto como una bandera política para sacar un beneficio o tajada política, así lo han querido seguir manejando; hoy es triste y lamentable ver que nuestro estado salga en una nota nacional con más de 600 % en el incremento de los delitos; entonces, yo creo que un juicio político no es justificación para que el Congreso no haga su trabajo, hay asuntos mucho más serios que resolver en este estado […] es un asunto político, no le veo otra razón, si no hay elementos [..] están desviando la atención”, aseveró el exregidor José de la Toba Camacho.
Álvarez Gámez enfatizó que, aunque sí hubo una sesión fuera de Cabildo y un acta, ellos nunca aprobaron el “cambio de uso de suelo” en favor de la empresa minera Los Cardones, sino que se aprobó el “uso de suelo” para una desaladora y un acueducto, lo cual estaba respaldado conforme a derecho.
“Siempre se ha manejado que aprobamos una mina, a la opinión pública, a la sociedad la han engañado. No aprobamos ninguna mina, no hicimos ningún cambio de uso de suelo; al contrario, hicimos una autorización de uso de suelo en donde se autorizaba una desaladora y un acueducto y todo conforme a derecho […] La sesión donde autorizamos el uso de suelo sí existió, y lo hemos dicho, el uso de sueño, no el cambio, no confundan”.
El mismo exregidor manifestó que, si nunca habían aparecido en público como este día, es porque “nunca los dejaron dar la cara”; incluso, solicitaron protección para ellos mismos.
“No, nunca nos dejaron dar la cara, hasta pedimos protección; si desde antes que entregáramos ya estaban los propios diputados tomando el Ayuntamiento, sabemos que ellos mismos son”.
En ese mismo sentido, Álvarez Gámez aseguró que la reunión no fue “secreta”, sino “privada” y que estaba avalada por el mismo reglamento del Ayuntamiento de La Paz; asimismo, refirió que ya sufrían de un linchamiento antes de entregar el cargo a la nueva regiduría, y que, por lo tanto, nunca hubo nada oculto ni tampoco están mintiendo.
“No, no, para empezar no era una situación secreta, era privada y lo señala nuestro reglamento; el día que se llevó a cabo en el hotel, hay un acta notarial donde nos tuvimos que trasladar a ese hotel, porque estaba tomado el Ayuntamiento por el Sindicato, todos los regidores llegamos y nos trasladamos a ese lugar, nunca fue secreta, yo lo dije, y lo expresé en los medios 3 días antes de que se nos venciera nuestro plazo […] El linchamiento ya estaba 4 días antes de la entrega […] No hubo nada oculto, se utilizó a un notario donde se testificó la imposibilidad de ocupar el recinto oficial de Cabildo, no estamos echando mentiras”.
“Si la leen completamente el acta, estamos autorizando una desaladora y un acueducto, es todo […] no es cambio, lean bien el acta, pídanla ahí en el Ayuntamiento, le están dando vueltas al asunto […] no engañamos a la sociedad y por eso estamos aquí”, reiteró el exfuncionario.
Por otro lado, referente al juicio político que ahora pretenden ejercer contra los diputados de la Comisión Instructora, Álvarez Gámez comentó que ésta no los ha permitido entregar las pruebas para su defensa en el juicio político que está en proceso, por lo que presentaron un recurso de revisión a la última resolución.
“Lo que sí yo les digo, es que nosotros, con todo el actuar del funcionario ha cometido delitos también, abuso de autoridad en el momento que nos están violentando nuestros derechos humanos […] que la propia Comisión Instructora nos ha negado las pruebas que ofrecimos.
“Es así que presentamos un recurso de revisión sobre la resolución que dio la Comisión Instructora, y, la Comisión Especial les señala directamente que están violando nuestros derechos al no admitirnos las pruebas e indebidamente agregar pruebas que están fuera de proceso legal, y las que están en tiempo y forma no las admiten”.
Respecto a lo manifestado por el diputado del Partido del Trabajo (PT), Camilo Torres Mejía, de que han recibido mensajes intimidatorios para que ya “dejara en paz” el tema del juicio político, Álvarez Gámez respondió “por parte de nosotros no, que las muestre y que presente las denuncias correspondientes […] que diga quién lo amenaza”.
Finalmente, el exregidor señaló que el juicio político en su contra ya venció su plazo, pues, a partir de que la Síndica Municipal de La Paz presentara la denuncia, el tiempo para dictaminar era de 1 año, y desde ese día han pasado 1 año y 4 meses.
“La misma Constitución señala que el juicio político tiene una duración de 1 año, la denuncia presentada por la Síndica Municipal fue presentada el 25 de octubre del 2015, ¿en qué fecha estamos? Que no digan que es el Congreso, el Congreso es donde se activa la denuncia. Los tiempos ya pasaron y siguen insistiendo […] Si se dan cuenta, nunca utilizamos los medios de comunicación para dar contestación, nosotros lo queríamos hacer por la vía legal.
“No sé si no sabe contar, la Constitución habla de 1 año […] aquí no hay prórrogas en términos jurídicos […] no pueden ir en contra de la Constitución”.
