Recolectan en BCS firmas contra nueva Ley General de Aguas; temen favorezca a mineras

Las sanciones, explicó el Frente Ciudadano por la Defensa del Agua y la Vida, disminuirían y permitiría la contaminación de ríos
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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Frente Ciudadano por la Defensa del Agua y la Vida comenzó la colecta de 400 firmas para enviar un mandato ciudadano al Congreso de la Unión y al Congreso del Estado para evitar que el proyecto de Ley General de Aguas que impulsa la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prospere.

Desde las 05:00 de la tarde del sábado, los integrantes de diferentes organizaciones que integran al frente, iniciaron con la sensibilización sobre el tema, porque creen que la legislación beneficia más a las empresas que a los ciudadanos.

La queja del organismo, comentó Juan Ángel Trasviña Aguilar, es la falta de consenso ciudadano que el gobierno federal, al igual que legisladores, han tomado acerca del tema.

“Los ciudadanos no estamos de acuerdos que ellos solo levanten el dedo y se apruebe, deben cuestionarnos”, expresó.

Entre otras cosas, la Ley General de Aguas permite, explicó, la privatización del agua y beneficia de forma desmedida a los concesionarios.

“En todos los países que se han privatizado el agua, ha tenido que revertir la privatización, porque en vez de mejorar el servicio, lo empeoró y además los precios del agua se fueron por las nubes”, sostuvo.

El temor que apremia a los organismos de la sociedad civil, es el beneficio que significaría para compañías dedicadas a minería a cielo abierto o fracking (extraer gas natural de la trituración de la roca mediante químico y agua).

Las sanciones para empresas que contaminen aguas nacionales, con la nueva ley se rebajan a un monto de 3.5 millones de pesos; en el caso del derrame de líquidos tóxicos a ríos de Sonora por mineras, el valor del daño calculado por expertos se eleva a más de 20 mil millones de pesos.

A su vez, pueden verterse a los ríos químicos siempre que “no rebase la capacidad de asimilación”, según expresa el artículo 142 de la Ley General de Aguas.

Ayudará permite el uso de la fuerza pública si una comunidad se pone en contra algún proyecto como el de una hidroeléctrica.

Los concesionarios (o quienes consigan contratos para distribuir el líquido)  se les permiten participar en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política de agua, dijo, tienen voz y voto en los Consejos de Cuencas (lugares con agua potable distribuidos en todo el país).

“Además plantea que la nueva ley promoverá la participación voluntaria de los concesionarios en esquemas de auditorías y evaluación para cuantificar el cumplimiento de la normatividad, el uso eficiente del agua y la adecuada gestión”, precisó.


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