La Paz, Baja California Sur (BCS).- La alcaldesa de La Paz, Esthela Ponce Beltrán, reconoce que se extralimita en sus funciones al negar el cambio de uso de suelo, de ganadero a industrial, a los ejidatarios de San Antonio, mostrando que los dueños de esas tierras tienen razón al demandar al Ayuntamiento paceño.
La presidenta municipal dejó claro que el conflicto con los ejidatarios, que se ha convertido en un juicio que se discute entre el Ayuntamiento de La Paz, el ejido San Antonio y la minera La Pitalla, no se centra en la aprobación de la mina, sino en la intención de los habitantes de iniciar comercios en la zona, que van desde taquerías y llanteras hasta hoteles.
“Es un asunto muy complejo […] Es un tema que tarde o temprano se va a tener que tocar en el seno del Cabildo, porque cuando desaparezcan los litigios y se insista, pues tendrá que tomarse una decisión”.
Ponce Beltrán muestra que el Ayuntamiento de La Paz permanecerá en la misma postura, aun cuando afecte el desarrollo económico que buscan los dueños de las tierras de San Antonio, a fin de que La Pitalla no tenga la oportunidad de instalarse en la zona, lo que sólo puede evitarse manteniendo el actual uso de suelo comprendido en el Plan de Desarrollo Urbano (PDU).
“Muy independientemente del Plan de Desarrollo Urbano, no coincidimos con este tipo de inversión privada mientras no nos quede muy claro y se nos garantice que nuestro entorno ecológico no será tocado”, señala la mandataria municipal.
Cabe recordar que recientemente la empresa minera hizo público un comunicado donde dejaba ver que, junto al Ayuntamiento de La Paz, trabajaban en la modificación del PDU. Sin embargo, la alcaldesa afirma que en realidad no existe “ninguna comunicación al respecto”.
“No tenemos ninguna intención de modificar el Plan de Desarrollo, hasta el momento, en esa zona […] Los empresarios se han acercado al Ayuntamiento, han planteado su proyecto, los ha escuchado el Cabildo, los he escuchado, como hemos escuchado a las organizaciones ambientalistas [pero] no existe, digamos, un trato o un proyecto al respecto”.
En 2012 La Pitalla y el ejido San Antonio se ampararon contra el PDU del municipio de La Paz. El primer caso discurre en el juzgado noveno en materia administrativa de la Ciudad de México, se trata de un amparo indirecto con número de expediente 1011/2012, mientras que el caso del ejido tiene lugar en el juzgado segundo de distrito de la ciudad de La Paz, bajo el expediente 808/2012.
cada vez le doy más la razón a Sarmiento en aquella columna que nos llamó sub-bajacalifornianos: «solo quieren preservar un paisaje virgen con pobres
pintorescos para beneplácito de los extranjeros. Este esquema necesita que los
pobres sigan siendo pobres…».