La Paz, Baja California Sur (BCS). El Ayuntamiento de La Paz, realizó una sesión de Cabildo este martes, en donde se aprobó la nueva Ley de Hacienda Municipal, que entrará en vigor a partir del 2019; luego de varios días de controversia, el alcalde Rubén Muñoz Álvarez reconoció que si se consideró, como una opción, cobrar un impuesto por el alumbrado público, pero que, finalmente fue rechazado.
Muñoz Álvarez, dijo que la propuesta de cobrar este nuevo tributo, que sería de un peso diario; es decir, 60 pesos al bimestre, fue de la propia Comisión Federal de Electricidad (CFE), y que este, fue una alternativa para poder sanear las finanzas públicas; sin embargo, fue cancelado.
“Nos puso sobre la mesa (la CFE) el Derecho al Alumbrado Público: un peso diario que estaría pagando cada ciudadano”, dijo Muñoz Álvarez, quien anteriormente había negado, en todas sus declaraciones, hechas en redes sociales, que nunca había estado en ese tema sobre la mesa, a pesar de que sus propios funcionarios habían declarado lo contrario.
También, hicieron cambios de última hora a otros impuestos que sí se habían contemplado, pero a los que al final les dijeron no; entre ellos está: el cobro de Impuesto sobre Adquisiciones a casas de interés social, el impuesto a Uber, a autos chocolates y parquímetros.
Las modificaciones también se llevaron a cabo en los costos prestados por los panteones, puesto que, en la primer anteproyecto se establecían incrementos de hasta un 15 % en todos sus servicios; sin embargo, en el último momento, decidieron que el incremento sólo sería el efecto inflacionario, que ronda en el 4.9 % anual.
Los nuevos tributos, que confirmó el Cabildo, son los que tienen que ver con grandes empresas: cobro a CFE y a Teléfonos de México (Telmex) por cada poste instalado; en este caso, se buscaría el intercambio de servicios, para ahorrarse dinero, dijeron.
Los temas que no trataron, y se desconoce si tuvieron modificaciones, fueron los que tienen que ver con los de Protección Civil y Bomberos, que contemplan el cobro a todos los ciudadanos por dictámenes o servicios, que presten estas instituciones, que antes no existían.
