La Paz, Baja California Sur (BCS). El delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), José Carlos Cota Osuna, confió en una pronta resolución de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental en torno a Marina Azul La Paz.
El representante de la autoridad ambiental aseguró que gracias a una socialización previa “y con universitarios, en menos de 60 días espero emitan un resolutivo”.
El periodo que mencionó es el establecido en la Ley General de Impacto y Riesgo Ambiental, y dentro de este lapso se revisa la Manifestación de Impacto y Riesgo Ambiental (MIA), documento que explica el proyecto.
Calificó de ejemplar la reunión informativa efectuada el 23 de junio de 2014 en la capital de la entidad. “Comparada con otras, fue ejemplar, como deben ser todas las reuniones, no se trata de que se chifle a uno o se le chifle al otro, aquí se escucha a todos”, afirmó.
El funcionario público rechazó que el proceso estuviera manipulado por la influencia de algún factor externo o personaje político como Isaías González Cueva, senador del PRI, quien contrató a Francisco Javier Guzmán Roa para que lo asesorara, y es presidente del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentables de la Semarnat, núcleo Baja California Sur.
Este órgano es el encargado pronunciar una opinión técnicas acerca de los proyectos que intentan instalarse en la entidad.
El legislador, meses atrás, manifestó su apoyo por Cabo Dorado, pese a la dudosa procedencia de las empresas chinas detrás del capital para desarrollar.
“El consejo no depende de la secretaría. El Núcleo de Baja California Sur no depende de qué afiliación sea y no responde a las decisiones solo del presidente sino colegiadamente; no es el presidente, es un grupo de conceso”, expresó al respecto.
Y es que fuentes cercanas a la organización aseguraron que hubo presión por parte del Guzmán Roa para que algunos sectores en desacuerdo con Marina Azul La Paz, dieran su firma y, con ello, el visto bueno al proyecto.
Niegan conflicto por tenencia de la tierra
Hugo Paul Galindo Camacho, abogado de Grupo Financiero Interacciones, negó que los terrenos Azul B o La Cachimba, en los que se construiría Marina Azul La Paz sean de la familia Encinas Rondero.
Luego de la denuncia en medios de comunicación de los representantes legales de los Encinas Rondero sobre la ilegitimidad de los predios, Galindo Camacho, ex director de la Dirección de la Policía Ministerial del Estado, aseguró que los litigios han sido favorables al Fidecomiso de Marina Azul La Paz.
Los terrenos Azul B con el título 619 y Cachimba con el 620, han estado en una pelea legal, pero en algunos casos ya hay acuerdos monetarios concretos. Desde 2009, cuando el Fideicomiso adquirió 500 hectáreas, comenzaron los juicios.
El proceso jurídico que acaban de ganar, comentó, es el que inició Juan Alvarado por el predio Cachimba. Azul B también se litigó con Simón Villagrán Chastegui que consideraban que el título 619 les pertenecía, pero se resolvió apenas unos meses a favor de Marina Azul La Paz.
Originalmente, dijo, el terreno pertenecía a Teófilo Encinas en 1964, pero se fue transmitiendo por medio de compra venta. Primero perteneció, explicó, a Rigoberto Sáenz Anderson que murió y sus hijos entregaron, en 2007, al Fideicomiso de Tierra Café y, a su vez, en 2009 al Fidecomiso de Marina Azul La Paz.
Desconoció porque la insistencia de otras personas por pelear por las tierras en donde se erigiría el proyecto turístico inmobiliario.
Daños a la naturaleza; vicios y vacíos de la MIA
De las 18 ponencias presentadas, resaltó la que elaboró el investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), Rafael Riosmena Rodríguez, quien representó al sector científico.
El experto en Botánica Marina explicó “que existen omisiones, faltas metodológicas, vicios y vacíos en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)”.
“En el caso de las omisiones se puede hacer una referencia directa a la revisión bibliográfica de la zona en cuestión ya que un listado de especies no puede ser restringido a la zona exclusiva del proyecto y deberá ser incluido a la zona de influencia del proyecto ya que se centraron en la zona del desarrollo pero no en la región. Este proyecto fue categorizado como regional”, declaró.
La preocupación es que a un costado de Marina Azul La Paz existen al menos seis proyectos inmobiliarios ya aprobados: Maravia, Punta Blanca, El Judío, Azul del Cortes, El Saltito y Vista Cerralvo.
“Todos estos proyectos promoverán el aumento de la población junto con la frecuencia de visitantes a las ANP: Balandra e ANP Islas del Golfo en una primera etapa pero muy ciertamente a otras áreas como ANP Cabo Pulmo por el aumento de trafico de botes que calculo en al menos 2 mil embarcaciones continuamente circulando. Esto no fue evaluado como parte de la MIA y representada impactos sinérgicos y acumulativos que no han sido evaluados ni resueltos en el presente documento”, expresó.
Por su parte, Dení Ramírez Macías, investigadora de Tiburón Ballena y Rocío Marcín, especialista en delfines, coincidieron en que la empresa no tomó en cuenta el corredor ecológico. Allí es donde se establecerían cuatro marinas, tomando en cuenta a los demás desarrollos turísticos; existen cuatro marinas en el área de la playa.
El conjunto de estos proyectos, dijo Riosmena Rodríguez, representa el incremento en población que presionaría también al acuífero de La Paz, La Ventana y la Presa de la Buena Mujer.
Ramírez Macías temió que los tiburones ballenas sean lastimados por la cantidad de embarcaciones en la Bahía de La Paz, pues la que ya están en la zona frente al malecón, han lesionado a varios ejemplares.
