Senado pide a INAH rendir cuentas por daños en zona arqueológica de isla Espíritu Santo

Foto: Conanp
La afectación en la zona arqueológica se registró en 2016, sin embargo, hasta la fecha no se ha iniciado ninguna acción legal, por lo que el Senado de la República exhortó a informar sobre la procedencia de dicha denuncia

La Paz, Baja California Sur (BCS). El pleno del Senado de la República solicitó al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentar un informe oficial sobre las medidas legales que ha emprendido por la destrucción de 52 % de la zona arqueológica ubicada en la Isla Espíritu Santo, Baja California Sur.

Los daños fueron documentados en 2017 por el instituto, pero nunca se emprendieron acciones de rescate y preservación del área, ni acciones legales contra los responsables del daño, como reconoció el INAH el pasado mes de octubre.

La Ensenada El Gallo abarca un área de más de 7,000 metros cuadrados en ella se preservaban vestigios de actividad humana con 5,000 años de antigüedad, además más de la mitad de la zona arqueológica fue dañada de manera “irreversible” por integrantes de la asociación civil Grupo Ecología y Conservación de Islas, en 2016.

En el punto de acuerdo, aprobado este martes 4 de diciembre, se detalla que existe “registro de presencia humana entre los 3,000 A.C y los 1,700 D.C, donde se reunían para la recolección de conchas de mar y preparación de alimentos […] La superficie y subsuelo presentaba vestigios de fogones y piedras labradas con miles de años de conservación” y fue aquí donde los miembros de la asociación “presuntamente removieron ‘sedimentos y materiales arqueológicos, con el fin de nivelar áreas’, así como para crear veredas por las cuales transitar”.

Campamento del Grupo Ecología y Conservación de Islas montado (sin autorización del INAH) sobre el sitio arqueológico J66 El Gallo II-3/ Animal Político

La presencia del Grupo Ecología había sido autorizada por el gobierno federal, con la misión de retirar fauna nociva, mismos que fueron instalados por el INAH en un punto donde no existían vestigios arqueológico; sin embargo, los integrantes de la asociación civil mudaron su campamento a la Ensenada El Gallo.

De acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el INAH está obligado a proceder legalmente en contra de los responsables de dañar zonas arqueológicas, cuyo castigo establecido por la les es de 3 a 10 años de cárcel, además de una multa equivalente al daño causado.

Por su parte, el Instituto reconoció para Animal Político que, a más de 2 años de los hechos, no se han iniciado ninguna acción legal por los daños ocasionado; no obstante, propuso al Grupo de Ecología financiar un programa de rescate arqueológico, propuesta que fue rechazada por la asociación civil.

Mientras tanto, en el punto de acuerdo aprobado, se estableció que hasta la fecha “no se conocen razones por las cuales no se ha llevado a cabo la denuncia por daño al sitio arqueológico, ni tampoco las razones por las que se cuenta con plan de salvamento que, eventualmente, podría eximir de la responsabilidad legal a los integrantes de la asociación.  

Finalmente, el Senado exhortó al INAH a “informar sobre la procedencia de la denuncia a los integrantes de la asociación civil Grupo de Ecología y Conservación de Islas A.C, por daños irreversibles ocasionados a la zona arqueológica Ensenada El Gallo”.

Con información de Animal Político