La Paz, Baja California Sur (BCS). Después de que los taxistas que trabajan en el Aeropuerto Internacional de La Paz, denunciaran un supuesto desplazamiento por parte de otro grupo prestador de servicios proveniente del estado de Jalisco, éstos informaron que no perderán más de 47 años laborados en el lugar, por lo que ya podrían tramitar un amparo para evitar que esto no suceda.
“Nosotros estamos tomando medidas para tratar de defendernos jurídicamente para llevar a cabo los trámites correspondientes ante las instancias que sean necesarias […] claro, si en su momento se ocupa ampararse, nos vamos a amparar”, dijo José Armando Romero Díaz, representante legal de la empresa Transportación y Aeropuerto de La Paz, SA de CV, así como socio activo de la misma. “La propia licitación a nosotros se nos hacía inconstitucional, no estaba apegada a las bases”, agregó.
“En 1970 se fundó la empresa, meramente sudcaliforniana”, expresó el socio. “La problemática que tenemos con GAP, Grupo Aeroportuario del Pacífico, fue por la razón de que el administrador del aeropuerto, Omar Torres, nos llamó a su oficina en el mes de diciembre a fin de que ampliáramos nuestra flotilla vehicular, de los que ya tenemos en circulación, a 50 unidades más; entonces, nosotros les dijimos a él que no era para tanto, que no había tanta demanda de pasajeros como para que nos solicitara 50 unidades más, las cuales quería de modelos recientes.
“Nosotros le solicitamos que si nos podía dar un estudio de mercado en el cual se basaba el que tenían que ocuparse esas 50 unidades extras a las que ya estaban laborando con nosotros. Así quedó, nunca nos dio el estudio de mercado. El 21 de diciembre, en vez de entregarnos un estudio de mercado, nos entregó una licitación, nos dio 6 días para entregar una serie de documentaciones entre ellas estados financieros, administrativos”, explicó la situación.
Los quejosos manifiestan que el proceso de licitación no ha sido el correcto; también, denuncian una serie de irregularidades y “arbitrariedades” del administrador del Aeropuerto Internacional de La Paz.
“Jamás nos volvió a invitar a otra licitación, porque se supone que esa quedaría sin efecto […] sí nos sentimos desplazados como empresa local, que lleguen otras empresas de otras ciudades a prestar el servicio cuando a nosotros jamás nos tomaron en cuenta para la segunda licitación […] prácticamente como que ya tenían todo debidamente maquinado y preparado para desplazarnos”.
Romero Díaz aseguró que los taxistas de La Paz no están en contra de que las unidades sean remodeladas; pero sí no les parecía el hecho de que se les pidiera 50 vehículos nuevos más, pues señalan que la demanda del servicio no era para tanto.
“Nosotros no estamos en contra y no nos estamos oponiendo a hacer la remodelación de las unidades tal y como él nos solicitó, lo que no se nos hacía factible era que nos pidiera tantas unidades; sin embargo, nosotros le hicimos una propuesta, en vez de 50, 10, según lo que nosotros veíamos de trabajo en el aeropuerto”.
Sobre la serie de arbitrariedades observadas, comentó que “no hay competencia leal”, “no hay piso parejo para todos”, “preferencias”, y con la intención de quererlos “tronar”.
“No hay una competencia leal dentro de las propias instalaciones del aeropuerto, ya que no hay piso parejo, pues los propios administradores del aeropuerto le pusieron un módulo dentro de la sala donde arriban todos los pasajeros, les pusieron un tipo de valla, que cuando el pasajero agarra la maleta, va directo a la caja o módulo de ventas de los nuevos permisionarios. Nosotros tenemos nuestro módulo afuera. Esto con la finalidad de querernos tronar”.
Asimismo, habló de que, aunque se ofrecen tarifas más baratas que ellos, son mínimas; además, que no están regulados con facturas, arrebatan a los clientes, entre otros.
“Las tarifas casi son iguales a las de nosotros, 5, 10 ó 50 pesos más baratos que nosotros […] no tenemos quejas ante Profeco […] ellos están dentro recibiendo a las personas y vendiéndoles el servicio de taxi, no tienen precios a la vista, no están facturando, están arrebatando a los pasajeros. Hay preferencias y no sabemos si las autoridades estatales y federales, en contubernio con GAP están haciendo todo eso, porque la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos ha estado cerrando la puerta”.
El prestador del servicio explicó que, con la llegada de este grupo, están perdiendo “ahorita, probablemente un 30 o un 40 %” de sus ingresos, pues “todos los pasajeros no son atendidos por nosotros, unos se van a la renta de vehículos o los familiares van por ellos”.
Finalmente, indicó que las actuales tarifas que tienen son propuestas ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). “Se los proponemos a la SCT, quien nos regula los precios con base a las alzas que existen en nuestro estado […] tenemos más de 7 u 8 años que no los modificamos […] pagamos 4,800 de renta mensual por unidad, el módulo, estamos ante Hacienda, empleados, y una cosa nos lleva a la otra […] Las tarifas son por distancia y te dejan en cualquier punto de la ciudad”.
