La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de la liberación Simón Guillermo Hernández Peña, quien había sido arrestado en el año 2013 por estar presuntamente involucrado en los delitos de homicidio y privación ilegal de la libertad en contra de 7 personas, el Tribunal Superior de Justicia de BCS, aclaró las razones por las cuales se le dictó una sentencia absolutoria, que le permitió dejar la prisión.
La primera razón, según una lista otorgada por la autoridad judicial, por la que quedó completamente libre este hombre, quien había sido señalado por estar presuntamente relacionado con unas narcofosas encontradas en Los Tabachines, en el 2013, fue la “falta de pruebas para acreditar plenamente la responsabilidad penal del procesado”, pues uno de sus principales ofendidos, de nombre Cristian Enrique Romero, se retractó de sus declaraciones en contra del acusado, alegando “no recordar los hechos y no conocer al procesado”.
El Tribunal apuntó que sí existieron dos “pruebas de confrontación para identificar” al presunto homicida; sin embargo, aclaró, se hizo cuando este estaba en calidad de arraigado, una figura que según una Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional es inconstitucional, por lo que carecen de “valor probatorio”.
“En las declaraciones de las 6 personas que fueron privadas ilegalmente de su libertad, existen contradicciones manifiestas respecto a la media filiación de la persona responsable de la tentativa de homicidio y de la privación ilegal de la libertad; sólo una de ellas señala a Simón Guillermo Hernández Peña, pero al testigo singular en los casos en que existen más testigos no se le puede dar valor probatorio alguno, lo que igualmente es de explorado derecho y reiterada jurisprudencia en materia penal”, agregó la autoridad, como una de las razones para dejarlo absuelto.
El caso de las narcofosas halladas en la colonia Los Tabachines, no tiene «ninguna relación con los hechos que motivaron la causa penal que nos ocupa, o cuando menos de las constancias procesales no se desprende alguna relación», destacó.
Contrario a lo que se difundió, apuntó la autoridad, el juicio tuvo “un tramite normal y no hubo ningún acto procesal por el que pudiera pensarse que se aceleró o adelantó el dictado de la sentencia; al contrario, la complejidad del expediente (la sentencia consta de 170 páginas), la relevancia de los hechos procesados, así como el cambio de juzgado de la causa penal, originó que la sentencia tardara nueve meses en dictarse después de que se citara para oír sentencia”.
La aclaración del Tribunal Superior se dio, según explicó en un boletín de prensa, después de en algunas notas periodísticas se difundiera información equivoca sobre las razones por las que este hombre quedó libre, explicó.
