La Paz, Baja California Sur (BCS). Este jueves 16 de mayo de 2019 quedó aprobado en el Congreso de Baja California Sur la reforma a la Ley de Equilibrio Ecológico con la que se obligará a desarrollos inmobiliarios, plazas comerciales, hoteles, entre otros, a reciclar el agua para su uso en áreas verdes e inodoros.
La iniciativa ciudadana fue presentada cerca de 10 días atrás, ante el pleno legislativo por Juan Ángel Trasviña, apoyado por miembros del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida.
En la discusión del dictamen, ante el pleno legislativo, participaron los diputados José Luis Pérpuli, Esteban Ojeda, Rosalva Rodríguez y Milena Quiroja; esta última puntualizó que con dicha medida, se ahorraría un promedio de 2.7 millones de litros al año por un conjunto de 12 casas.
“Estamos diciendo que anualmente se generaría un ahorro de 227,760 litros por día; para poderlo verlo gráficamente (sic) 12 casas, en un año, estarían ahorrando 2.7 millones de litros, lo que equivale a una alberca olímpica de natación […] Esa sería la cantidad de agua que se estaría rehusando en sustitución del agua potable que actualmente se utiliza para la descarga de inodoros y las áreas verdes”, expresó durante su intervención la diputada Milena Quiroga.
Cabe recordar que la única excepción contemplada por la iniciativa serán las viviendas que tengan acceso al drenaje municipal y que sean construidas para el uso particular de la misma familia que la habitará.
Entre tanto, el resto de complejos deberán instalar sistemas de tratamiento, individuales o comunales, que cuenten con la capacidad suficiente para abastecer y reusar el vital líquido.
Finalmente, el documento aprobado en el Congreso de Baja California Sur señala que se impondrá una pena de 5 días a 5 años de prisión y una multa entre los 422.45 pesos y los 4.2 millones de pesos a quien, descargue, deposite, infiltre, autorice u ordene, aguas residuales, desechos o contaminantes en cuerpos de agua de jurisdicción estatal.
Además, se pondrán de 5 días a 5 años de prisión y una multa de 422.45 pesos a los 4.2 millones de pesos, al desarrollador, responsable y/o propietario del inmueble, según corresponda, que no instale los sistemas de tratamiento en los términos establecidos.
Una vez que entre en vigor el decreto, a las construcciones existentes se les dará un plazo de 2 años, para que los sujetos obligados implementen el tratamiento y reciclaje de agua a inodoros y áreas verdes.
