La Paz, Baja California Sur (BCS). 400 investigadores de diversas ramas de la ciencia, que laboran en Baja California sur en su mayoría, interpusieron un recurso de revisión a la autorización condicionada que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat dio al proyecto minero Los Cardones.
En un documento de cuartilla y media, los científicos exponen los puntos con los que no están de acuerdo con la autoridad ambiental del gobierno de Enrique Peña Nieto.
“El proyecto Los Cardones atenta contra nuestra salud y nuestro entorno natural”, advirtieron al iniciar el texto que ya tiene en su poder la Delegación de la Semarnat, conducida por José Cota Osuna.
“La operación de esta minera producirá desechos tóxicos por lixiviación (proceso con el que se introduce el material extraído de la sierra, en un compuesto basado en cianuro que separa la pequeñas partículas de oro y otros metales)”, expresa el documento.
Los académicos forman parte de centros como la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) y el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR), pero su postura es sectorial. No institucional.
Todos ellos coinciden en que “la empresa ha omitido precisar cómo evitará que otros materiales tóxicos tales como arsénico, antimonio, plomo y mercurio, entre otros, contaminen tanto el agua del acuífero, como la que llegue a escurrir en caso de lluvia”.
Los lugares en donde se depositarían los desechos, llamados presas de jales, se ubicaría en un área de alta actividad sísmica, por lo que se estaría poniendo en peligro el acuífero de El Carrizal, aumentando la probabilidad de un derrame de los materiales contenidos.
El incremento de huracanes originados por el cambio climático, y por la altitud a la que se instalará la minera a cielo abierto, serían un problema que también le afectaría, manifiestan, porque por principio precautorio no quieren un derramamiento como el que ocurrió en Sonora el 08 de agosto de 2014 de una minera de Grupo México.
El panel de expertos cuestionó la decisión de la dependencia federal, que representa Juan José Guerra Abud, por no tomar en cuenta la opinión técnica, negativa, que emitió la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
“El riesgo a la salud pública que implica el transporte de miles de toneladas de cianuro, explosivos y materiales corrosivos por territorio estatal, no fue contemplado en la manifestación de impacto ambiental ni, por consiguiente, especificada la responsabilidad de la empresa promovente”, puntualizó.
