La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de que el pasado mes de diciembre de 2015, el Gobierno de Los Cabos aprobara el nuevo trazo carretero en ese mismo destino turístico, el tribunal colegiado del 26 circuito declaró procedente un amparo que ordena al ayuntamiento de Los Cabos y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no modificar el mismo, –que abarca el corredor turístico que va de Cabo San Lucas a San José del Cabo–, como lo pretenden los empresarios que buscan crear la «Zona Dorada», una zona turística de gran lujo e impedir el paso del transporte público y lugareños por la costera y así, aprovecharse de la vía cercana al mar.
Desde hace 3 años, organizaciones sociales, ecologistas, transportistas y hoteleros se han manifestado en contra de empresarios inmobiliarios encabezados por Eduardo Sánchez-Navarro Redo, mismo que encabeza la construcción de un conjunto turístico localizado en parte de la carretera Transpeninsular, para lo cual convencieron a las autoridades municipales de cambiar el trazado y que de éste modo se pueda ofrecer una carretera privada para los clientes y turistas, bloqueando completamente el acceso a lugareños.
Es decir, el nuevo trazo plantea la construcción de un nuevo trazo carretero que abarcaría desde la zona conocida como “El Dorado”, hasta el entroque con el arroyo El Tule; sin embargo, esto causó una serie de reacciones molestas en la población, pues argumentan que tras el funcionamiento de esta nueva carretera, se privatizaría el acceso a las playas, además de que repercutiría negativamente a la flora y fauna de la zona, además de que se planea una desviación de 8.5 kilómetros, mismos que aumentaría la plusvalía a los nuevos desarrollos inmobiliarios y turísticos y con esto, se detonaría la inversión.
El otro tramo quedarían como espacios de libre circulación aunque segmentada y de baja velocidad y que sería bautizado como zona dorada; al respecto, la empresa hotelera Cabo Valencia promovió un amparo ante el juzgado tercero de distrito contra la modificación de unos 15 kilómetros de la vía, del puente El Tule a las inmediaciones del hotel Westin Regina.
Contraponiéndose al mandato judicial, las empresas Promotora Cabo Real, Golfo de California Hoteles y Fraccionamientos, Constructora California, Quinta Tres e Inmobiliaria Carisma, socias en el desarrollo que pretende alejar a la población para ofrecer privacidad
a sus clientes, promovieron un recurso contra la admisión del amparo 861/2016.
Al respecto, la apoderada legal de la empresa Cabo Valencia, Alejandra Frinee Cota Zúñiga informó que el 19 de julio, un tribunal colegiado de circuito informó que se consideró infundada la queja 149/2017, presentada por esas compañías, quienes buscan el sobreseimiento del amparo, «así que el juicio continúa», dijo.
«Lo que buscan estas empresas hoteleras, es una carretera alejada de la costa para la gente que va al trabajo, y apoderarse de la vía cercana al mar, con el argumento de que van a modernizarla, protegerla y conservarla», apuntó.
Cabe a destacar que el Colegio de Arquitectos de Baja California Sur recibió el jueves pasado al nuevo delegado de la SCT, Sergio Herrera Concha, con un desplegado en medios impresos locales, en el cual recuerda que en la década de 1950 los habitantes de Los Cabos pagaron 50 % del costo de la carretera Transpeninsular, con un impuesto creado explícitamente para ello.
El nuevo director del Centro SCT viene de Tabasco, donde ocupaba el mismo cargo, y fue acusado por el senador perredista Fernando Mayans de desviar 200 millones de pesos, por lo que fue señalado como corrupto, anteriormente.
Con información de La Jornada
