La Paz, Baja California Sur (BCS). Dentro del conjunto de reformas aprobadas recientemente por el Congreso de Baja California Sur, se añadió la prohibición a personas que cuenten con delitos familiares sexuales de ocupar puestos como servidores públicos en el estado.
De acuerdo con el Congreso, “cualquier persona que aspire a ser Gobernador, Diputado, Secretario de Estado, Procurador de Justicia, Magistrado de Justicia, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, […] así como titulares de dependencias de la administración pública estatal” no deberá tener antecedentes como persona sentenciada por delitos de violencia familiar, contra libertad o intimidad sexual, no se deudor alimenticio ni como responsable de violencia institucional.
Estas reformas impactan en las leyes que rigen en cada uno de los cargos, tales como la Constitución del Estado, la Ley Electoral, de Transparencia, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, de Responsabilidades de los Servicios Públicos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código Civil estatal.
Finalmente, las propuestas de reformas y adiciones fueron consensadas entre representantes de dicho poder, así como por asociaciones civiles. La iniciativa fue aprobada por unanimidad de los legisladores presentes.
YA SE LA PELO EL GORDO ZAVALA