Admite Suprema Corte controversia contra reforma educativa de BCS

La demanda, admitida por el ministro Luis María Morales, es contra el decreto 2157 que se expidió en la Ley de Educación Estatal
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La Paz, Baja California Sur (BCS). La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió el martes las dos nuevas controversias constitucionales presentadas por el Ejecutivo federal contra diversos artículos de las reformas educativas de Baja California Sur y Morelos por considerarlas contrarias a la reforma constitucional.

El Ejecutivo federal impugnó, entre otros puntos, el compromiso de ambas entidades de respetar los derechos adquiridos de los trabajadores de la educación: laborales, sindicales, asistencias y prestacionales; la forma en que pretende realizar exámenes de evaluación e ingreso a la carrera magisterial y el derecho de las entidades a reconocer a las organizaciones sindicales que hayan sido previamente aceptadas por las autoridades laborales.

Los otros congresos y gobiernos locales demandados por el Ejecutivo federal ante el máximo tribunal por presuntamente no cumplir con lo estipulado en la reforma constitucional en materia educativa son: Baja California, Zacatecas, Oaxaca, Sonora, Michoacán y Chiapas,

Refuta el decreto 2157

En el caso de Baja California Sur, la demanda, admitida por el ministro Luis María Morales, es contra el decreto 2157 que expidió la Ley de Educación de la entidad, concretamente los artículos 8, fracción 4; 12, fracciones 4 y 7; 32, fracción 3; 60, párrafo tercero; 66, párrafos, tercero, sexto y séptimo y los transitorios cuarto, quinto y sexto, publicados el 22 de abril de 2014 en la gaceta oficial de esa entidad.

La controversia cuestiona que la legislación local pueda ajustar el calendario escolar para la formación de maestros de educación básica y que autorice el uso de material educativo para primaria y secundaria con base en los lineamientos establecidos por la autoridad federal, y conforme a los criterios que se fijen en la entidad, el relativo a preescolar.

Además de que las autoridades estatales emitan las convocatorias para el ingreso al servicio profesional docente y la posibilidad de que las convocatorias describirán los perfiles complementarios autorizados por la autoridad educativa federal.

En tanto, la demanda del Ejecutivo federal contra la Ley de de Educación de Morelos, admitida por el ministro Arturo Zaldívar, cuestiona también la facultad de las autoridades locales para establecer los criterios nutrimentales de los educandos y la regulación de alimentos que no favorezcan la salud de los educandos, entre otros.

Con información de La Jornada 


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