Los Cabos, Baja California Sur (BCS). La tarde de este lunes 28 de septiembre se anunció que la Sindicatura Municipal de Los Cabos interpuso una controversia constitucional en relación con el proyecto de la planta desaladora; se busca dar respuesta, sin meternos en las obligaciones del Poder Legislativo y el Ejecutivo, señaló la alcaldesa Armida Castro Guzmán.
“Efectivamente, el día de hoy lunes 28 de septiembre hemos presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional con el ánimo de lograr, de hacer efectivo los trabajos, para efectos de lograr la desaladora en Cabo San Lucas”, respaldó el anunció el síndico municipal, Alejandro Fernández Briseño.
En relación con el tema, la Presidenta Municipal de Los Cabos recordó que se tiene un plazo que cumplir, el cual está contemplado hasta el último día del mes patrio, tiempo en el que se debe lanzar una licitación del proyecto.
“Nuestra preocupación es una sola y el plazo para cumplir con el protocolo se agota el 30 de septiembre, por ello, hoy hemos trabajado en conjunto […] para poder dar respuesta cuanto antes y solicitar a las instancias correspondientes que, sin meternos en la institucionalidad y las obligaciones que tiene cada uno de los poderes tanto el Legislativo como el Ejecutivo, nos ayude a llevar a buen fin este término”, expresó.
Armida Castro enfatizó que el trabajo relacionado a la desaladora se ha extendido a lo largo de 2 años, tiempo en el que han cumplido con el protocolo marcado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).
“A lo largo de estos 2 años hemos trabajado en la gestión, en armar las carpetas y en cumplir el protocolo marcado tanto por CONAGUA como con FONADIN […] hoy, ante esta gran responsabilidad y la necesidad de no detenernos, nosotros hemos continuado con los trámites ante las instancias correspondientes”, añadió.
Conviene mencionar que, semanas atrás fue aprobado el dictamen que permitiría al Gobierno de Los Cabos adquirir un crédito por 3,900 millones de pesos, los cuales se destinarían a la construcción de la planta.
Sin embargo, dicho acuerdo fue suspendido por una Juez de Distrito tras dictarse un fallo a favor de los diputados de oposición —destituidos tras un juicio político, a pesar de contar con un amparo—, donde anula diversas sesiones del Congreso de Baja California Sur.
