La Paz, Baja California Sur (BCS). Ejidatarios de Alfredo V. Bonfil, en Mulegé, y La Purísima, en Comondú, preparan una denuncia ante la Procuraduría Agraria por presuntos malos manejos y fraude en su contra, por parte de una organización que dice representar a las Unidades de Manejo Ambiental de borrego cimarrón (UMAs).
Según los ejidatarios, la organización está dirigida por una ex funcionaria de la delegación de la Semarnat, de nombre Lilia Maritza Martínez Esquivel, y cuya mesa directiva está integrada por gente totalmente ajena a las comunidades rurales que cuentan con este recurso.
Según la denuncia, el fraude en contra de los ejidos que cuentan con caza cinegética, se habría comenzado a fraguar hace poco más de dos años, cuando desde la delegación de la Semarnat, se presionó a los dueños de Unidades de Manejo de borrego cimarrón para que se integraran a la organización que formó Lilia Maritza Martínez Esquivel, para lo cual se les hizo pagar una cuota de 15 mil pesos a cada uno.
Aunque inicialmente la presión ante los ejidos para que se integraran a esta organización estuvo basada en supuestos beneficios como facilidades para bajar recursos de la Semarnat para las UMAs y organizarse para vender los permisos de caza de cimarrón en el extranjero de manera directa, sin intermediarios y por tanto en mejores precios, en los hechos fue todo lo contario.
Con el respaldo de funcionarios de la Semarnat, Maritza Martínez Esquivel, comenzó a promover la venta de cintillos de caza de cimarrón, pero no de manera directa sino a través de una empresa intermediaria, de nombre Fuerte Outfiters representada por Bernanrd Miller.
A diferencia de ejidos que han vendido directamente cintillos para la caza cinegética de cimarrón en hasta 50 mil dólares cada uno en subastas de Estados Unidos, en este caso, de manera ventajosa y abusiva y con la intervención de Martínez Esquivel, se puso un precio fijo de 30 mil dólares a cada uno de los permisos, o incluso más abajo de los 13 mil dólares.
Pero además, en los contratos Martínez Esquivel se quedaba con una comisión de 3 mil dólares de cada venta, y si el cazador no mataba en un plazo de 10 días, se le daba el derecho de cazar 5 días más pagando otra cantidad, de la cual se le quitaban al ejido otros mil 500 dólares, aparte de los que ya se habían pagado a Martínez Esquivel.
Pero las comisiones y el precio fijo a los cintillos no es todo; al menos dos comisariados ejidales han denunciado que hay presuntas irregularidades en el manejo de los recursos que opera la organización que dirige Martínez Esquivel, ya que la Semarnat le otorgó 6 millones de pesos para programas de manejo de las UMAs de los asociados, sin que hasta ahora se tenga conocimiento de la aplicación de estos dineros, ya que la señora no quiere hacer asambleas ni rendir informes financieros ni de ningún tipo.
Al contrario, con el ofrecimiento de gestionar más apoyos ante la Semarnat, está tratando de convencer a algunos socios de la Unión para que se presten a una simulación de asamblea en donde se le reelija para un nuevo periodo, según denunció un comisariado ejidal cuya identidad pidió fuera resguardada.
Hoy, al menos dos presidentes de comisariados ejidales, se habrán de presentar en la delegación de la Procuraduría Agraria para presentar al delegado Eligio Soto la denuncia sobre este asunto, a fin de que la dependencia tome cartas en el asunto y emprenda la defensa legal de los derechos ejidales.
Con información de El Sudcaliforniano
