La Paz, Baja California Sur (BCS). Con la finalidad de dar certeza a la sociedad sudcaliforniana sobre la capacidad para laborar de los servidores públicos de Baja California Sur, se aprobó en el Congreso del Estado, la aplicación de exámenes toxicológicos anuales, los cuales de resultar positivos darían como resultado la inhabilitación o destitución del funcionario.
En ese sentido, se informó que la propuesta fue aprobada por unanimidad de votos para ser incluida en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, con el propósito de garantizar que los servidores públicos cumplan de manera honrada y eficiente cada una de sus obligaciones.
Por su parte, se dio a conocer que dichos exámenes estarán a cargo del Sector Salud en la entidad, mismos que entrarán en vigor una vez que se publique en el boletín Oficial del Gobierno del Estado; cabe agregar que los servidores públicos que estarán obligados por Ley a realizarse cada año el examen antidoping para presentar ante la Contraloría General del Estado, o bien ante las contralorías municipales, o su respectivo órgano de control.
El ordenamiento legal señala de si un servidor público se niega a efectuarse los exámenes toxicológicos, tendrá un plazo no mayor a 10 días para hacerlo, no obstante, sin persiste en su negativa se procederá a la sanción correspondiente, la cual puede ser de una o más sanciones, de acuerdo con la gravedad de la misma.
Entre las sanciones se contemplan la amonestación de carácter pública o privada, suspensión del empleo cargo o comisión, destitución, e inhabilitación temporal de la responsabilidad y para participar en arrendamientos, servicios u obras públicas y adquisiciones.
Asimismo, el diputado Gallo Zavala propuso un Artículo Transitorio que establece un plazo de 90 días después de la publicación del decreto para que se lleven a cabo la creación del reglamento correspondiente para establecer los mecanismos de dichos exámenes.
Finalmente, el diputado Joel Vargas Aguilar indicó que se buscará trabajar para que también pueda aplicarse dicha medida a los candidatos para cargos de elección popular, a fin de generar confianza en la ciudadanía.
