La Paz, Baja California Sur (BCS). Durante la sesión extraordinaria del pasado lunes 28 de junio, el Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó una iniciativa en beneficio de la comunidad LGBTIQ+, la cual consiste en la prohibición de las terapias de conversión, cuya práctica podría acreditar sanciones con cárcel a quien pretenda realizarlas, pues atenta contra los derechos humanos de las personas.
La iniciativa fue propuesta por la diputada Mercedes Maciel y sus dictámenes presentados por la Comisión permanente de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas fueron dispensados de segunda lectura y aprobados por unanimidad de 14 votos de diputadas y diputados asistentes.
La propuesta de reforma la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y adiciona un artículo al Código Penal estatal, para proteger los derechos humanos y evitar los tratamientos de conversión, los cuales, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) son “prácticas de tortura, además de que transgreden los derechos humanos fundamentales, son violentos y discriminatorios”, expuso la iniciadora.
De acuerdo con el Código Penal del Estado, se impondrá de 2 a 6 años de prisión y una multa de 1,000 a 2,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMAs) a quien imparta, aplique o promueva cualquier tipo de tratamiento o servicio que pretenda “tratar” la homosexualidad.
Finalmente, cabe recordar que este tema fue motivo de controversia entre las figuras eclesiásticas del Estado y la comunidad católica. En el mes de febrero, el obispo de La Paz, Miguel Ángel Alba manifestó su inconformidad en contra de la iniciativa de prohibir las terapias de conversión, ya que, a su juicio, se trata de un “derecho” al que puede acudir la comunidad LGBT si así lo desea. Su declaración generó controversia en la ciudadanía al comparar estos procedimientos con las terapias de adicciones.
