Aprobaron la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para BCS

Se creará la Auditoria Superior del Estado, un organismo distinta del gobierno que investigará y sancionará los actos de corrupción por parte de servidores públicos y privados que hagan mal uso de los recursos en la entidad
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La Paz, Baja California Sur (BCS). Durante la tarde de este domingo 2 de julio, se dio a conocer que se aprobó en el Congreso del Estado la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuenta de Baja California Sur, la cual tiene como objetivo fortalecer y ampliar las facultades de la instancia de fiscalización en la entidad, estipulando las sanciones a servidores públicos y particulares que incurran en actos de mal uso de recursos provenientes de las administraciones.

En ese sentido, el nuevo ordenamiento se encuentra enmarcado dentro del Sistema Estatal Anticorrupción, por lo que se hará sustitución de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior vigente desde marzo del 2008.

En orden de lo anterior expuesto, se creó la Auditoría Superior del Estado que tendrá facultades para investigar, substanciar y promover ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa la imposición de sanciones por la comisión de faltas administrativas graves que se detecte por medio de los procesos de fiscalización.

Por su parte, la diputada Guadalupe Saldaña Cisneros manifestó que dicha aprobación representa un importante avance en el combate a la corrupción.

“Estamos cumpliendo con la sociedad sudcaliforniana al poner en sus manos herramientas legales para combatir actos ilegales con los recursos públicos. […] estamos cumpliendo como entidad federativa al estructurar nuestro Sistema Estatal en tiempo y forma”, indicó la funcionaria.

Se buscará hacer procesos de fiscalización a detalle, sanciones a servidores públicos y particulares, pero también una amplia difusión de los alcances de la normativa, por medio de cursos y talleres sobre su contenido.

En el documento aprobado se amplía el tiempo de 3 a 7 años para la prescripción de actos de corrupción y faltas administrativas graves, además de que dota a la justicia un alcance transexenal, por lo que contará con plena autonomía para dar certeza jurídica y hacer prevalecer el interés general de los ciudadanos por encima de presiones, influencias o consideraciones.

Asimismo, la Auditoria Superior del Estado podrá presentar denuncias y querellas penales, así como apoyar a la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción, además de presentar denuncias de juicio político ante el Congreso del Estado.

Finalmente, será una autoridad distinta al gobierno quien investigue y sancione los actos de corrupción al interior de las instituciones del Estado; de igual manera se contempla la participación civil a través de una Contraloría Social donde se recibirán peticiones, propuestas, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas para ser consideradas dentro del programa anual de auditorías.


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