La Paz, Baja California Sur (BCS). Este martes se aprobó la nueva Ley de Videovigilancia para el Estado, así como reformas complementarias en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y del Código Penal en Baja California Sur; permitirán una ejecución más eficaz de las corporaciones.
La propuesta se presentó en el mes de septiembre, por parte de la Comisión Permanente de Seguridad, encabezada por la diputada Daniela Viviana Rubio Avilés, iniciativa que deroga la ley que estaba vigente desde 2014.
Con la normativa se crea un registro estatal de videovigilancia que consiste en la integración de la base de datos de las cámaras fijas y móviles, sistemas y equipos tecnológicos complementarios que utilicen las instituciones de seguridad pública, empresas de seguridad privada y los establecimientos mercantiles en Baja California Sur.
Además, se incluyó la formación de una Comisión Técnica de Videovigilancia que estará compuesta por representantes del gobierno y sociedad civil organizada, ya que en Los Cabos existe un avance importante de cooperación entre la iniciativa privada y los órganos de gobierno.
Lo anterior, formó parte de las observaciones realizadas por el Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos, quienes han donado al gobierno equipos para ampliar los puntos de videovigilancia.
Por su parte, en las reformas a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y el Código Penal, se ratifica el control del Sistema Estatal de Videovigilancia a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
De igual forma, se tipificaron los delitos de “acceso ilícito a sistemas de videovigilancia” y “daño físico a los sistemas de videovigilancia y comunicaciones”, que sancionan el uso indebido y desvío de información que generan los dispositivos, así como sanciones para quienes destruyan los equipos de forma intencional.
Finalmente, se establece por ley que la información obtenida de los sistemas de videovigilancia, deberán ser resguardados por un periodo mínimo de 7 días naturales, imágenes que serán almacenadas por quien las capture y grabe, salgo disposición contrario de la Secretaría de Salud Pública Estatal.
Los particulares tendrán el derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de su información cuando aparezca una grabación, refiere el proyecto aprobado por los integrantes del Congreso de Baja California Sur.
