La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado aprobó reformas a las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Administración Pública de Baja California Sur, para que una vez que entren en vigor, todos los servidores públicos estatales y municipales la ley los obligue a realizar declaración patrimonial y de intereses.
Sin embargo, las modificaciones precisan que en el caso particular del Congreso del Estado, será el Órgano de Fiscalización Superior del Estado quien reciba las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos del Poder Legislativo, y ya no la Contraloría General del Gobierno del Estado, «para fortalecer la división de poderes en la entidad», se señala a través de un boletín de prensa.
En la sesión ordinaria de este martes, se dio a conocer que el pasado mes de septiembre la diputada Maritza Muñoz Vargas presentó la iniciativa que contiene estas reformas con la finalidad de fortalecer la rendición de cuentas por parte de los servidores públicos sudcalifornianos, “estableciendo la obligación de presentar su declaración de intereses como un elemento de control adicional que permita identificar situaciones en las que se pudiera configurarse un conflicto de interés”.
El dictamen al que le dio lectura Muñoz Vargas considera que introducir estas dos figuras “representa un mecanismo jurídico de avance democrático y que fortalece la transparencia, la confianza ciudadana y la rendición de cuentas de los servidores públicos”; el documento resalta el hecho de que la declaración patrimonial en lo futuro ya no se realice ante la Contraloría General, sino ante el Órgano de Fiscalización Superior, lo que refuerza la división de poderes establecida tanto en la Constitución, tanto federal como local.
