La Paz, Baja California Sur (BCS). En el Poder Legislativo de Baja California Sur se presentó una iniciativa que busca reformar diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social para el Estado; esto, con el propósito de fortalecer la atención integral a personas en situación de calle.
La diputada Karina Olivas Parra explicó que la ley estatal solo contempla el término “indigente”, sin una definición clara ni mecanismos concretos de atención, por lo que propuso sustituirlo por “persona en situación de calle”.
De igual forma, se estableció una definición jurídica y detallar las condiciones que conforman esta situación.
La propuesta contempla reformar la fracción X del artículo 12, a fin de agregar la obligación del Estado de incluir atención médica, psicológica y psiquiátrica, así como el tratamiento de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas, todo con enfoque de derechos humanos.
Asimismo, se propone adicionar la fracción XXIII Bis del artículo 28 para facultar al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a crear e implementar un Programa Estatal Integral para la Atención de Personas en Situación de Calle, el cual contemplaría alojamiento temporal, atención de salud, gestión de identidad jurídica, acceso a educación, capacitación, vinculación laboral y reintegración comunitaria.
También se busca adicionar el artículo 29 Bis, el cual establece la obligación hacia el DIF para crear y mantener actualizado un registro de personas en situación de calle, con fines diagnósticos, de planeación y seguimiento de políticas públicas, mismo que será revisado cada 3 años.
El registro deberá garantizar la confidencialidad de los datos y promover mecanismos de coordinación, líneas claras y criterios de evaluación, fomentando además la participación de los gobiernos municipales.
En fechas recientes, se solicitó el apoyo para una mujer que se encontraba en situación precaria, en Chametla; esto luego de permanecer varias horas en riesgo. En aquel momento, se habló de que se requería una atención integral.
Finalmente, se busca avanzar hacia una legislación más humana, inclusiva y comprometida con la dignidad de quienes viven en condiciones de vulnerabilidad extrema.
