La Paz, Baja California Sur (BCS). La síndica del Ayuntamiento de La Paz, Rosa Evelia Solorio Ramírez, informó que de las denuncias que están pendientes en contra de los exservidores públicos de la pasada administración –esto como resultado de la Auditoría Forense anunciada el pasado 5 de abril en sesión de cabildo– , para la integración de expedientes, falta determinar cuáles serán los delitos por los que serán demandados los exfuncionarios municipales.
“No es que falte, lo que pasa es que se tiene que integrar de tal manera que se puedan presentar a las instancias correspondientes, y de poder ver cuáles son los presuntos delitos que se estarían denunciando […] Sí, sobre todo por las dependencias a donde se tienen que enviar, si son del ámbito federal, si son de recurso propio, para la Auditoría Superior, si son para juicio político, es determinar más que nada”.
Solorio Ramírez comentó que se sigue trabajando en la integración de los expedientes, y que, conforme se vayan terminando estos procesos, son como se irán presentando a las instancias correspondientes. “Sí, se están integrando los expedientes y se está haciendo el trabajo conjunto con el Área Jurídica y con la Contraloría, conforme vaya terminando e integrando los expedientes es como se van presentando las denuncias”, dijo.
La Síndica Municipal de La Paz precisó que el objetivo del Ayuntamiento al hacer estar denuncias, es no ser omisos con la obligación de informar y dar parte de lo que, según la auditoría, está mal.
“El Municipio está haciendo su trabajo al no ser omiso en una obligación que tiene, no solamente como Síndico, sino como Cabildo, ya que no tuvimos una entrega-recepción formal, no se hizo un tipo de entrega; entonces, apegándonos a eso, nosotros tenemos que dar parte de lo que, a consideración de la auditoría esté mal, y nosotros tenemos que estar informando y presentando denuncias”.
La auditoría forense realizada al periodo constitucional de la administración 2011-2015, encabezado por Esthela Ponce Beltrán y después por Francisco Javier Monroy Sánchez, tuvo como resultado diversas irregularidades que en su conjunto sumaron un total de 1,412 millones 458,259.52 de pesos sin justificar debidamente, como operaciones fiscales indebidas de recursos y aportaciones, erogaciones improcedentes, traspasos indebidos, simulación de operaciones fiscales, adjudicaciones indebidas de contratos, endeudamiento con contratistas, sustracción de bienes inmuebles, obras no ejecutadas, recursos retenidos y no transferidos, la desaceptación y comercialización irregular de 28 terrenos considerados áreas de donación, entre otros.
Entre los presuntos responsables son los servidores públicos del XIV Ayuntamiento de La Paz: Esthela de Jesús Ponce Beltrán y Francisco Javier Monroy Sánchez, expresidentes municipales; tesoreros, directores de Egresos, secretarios generales, Síndico, Oficial Mayor, el encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, directora de Obras Públicas y Asentamientos Humanos; así como el Director general de Obras Públicas; Director de Seguridad Pública Municipal, y además servidores públicos que estuvieron relacionados.
Sin respuesta del Congreso
Sobre el dictamen del juicio político contra los exregidores de La Paz y el exsíndico municipal, que se llevó a cabo en el Congreso del Estado, Solorio Ramírez anunció que todavía no han sido notificados por el Poder Legislativo.
“No, no nos han notificado aún […] Estamos esperando que se nos notifique, sabemos que el Congreso hizo su parte, confiamos plenamente en el trabajo que están haciendo los diputados, y pues, esperando que se nos notifique si tenemos que hacer alguna rectificación u otra diligencia, pero, hasta el día de hoy no tenemos nada”.
