La Paz, Baja California Sur (BCS). Con la privatización del alumbrado público y la obtención de un crédito de contingencia por hasta 15 millones de pesos, el Ayuntamiento aplica “una política de seguridad y de finanzas”, por lo que concesionar el servicio no es el único camino que se explora para renovar las 17,949 luminarias de La Paz, también “estamos por recursos federales [y] estamos por Fonden”, precisó Guillermo Beltrán Rochín, secretario general de la administración Ponce, al explicar los beneficios que percibe en la posible liberalización del servicio, tras solicitar autorización al Poder Legislativo para contratar a empresas por plazos de hasta 25 años.
“No nos podemos quedar detenidos a una opción nada más […] No vamos a descansar, si sea por la vía de una asociación pública, si inversión pública a través del Gobierno Federal (sic)”, dijo Beltrán Rochín, precisando que “la única vía” que no explorarían para renovar la infraestructura del alumbrado, que significaría una inversión aproximada de 150 millones de pesos, aunque con un ahorro en el consumo de energía eléctrica y una considerable disminución en la generación de dióxido de carbono, sería el “financiamientos de la banca privada”.
Actualmente el Ayuntamiento de La Paz gasta cerca de 35.5 millones de pesos anuales en energía para las luminarias de la ciudad, invierte más de 10 millones en mantenimiento, y otro tanto, que es variable, en reposición de cableado robado, mientras que el costo por año de la contratación de una empresa sería superior a los 50 millones de pesos, según cálculos del propio secretario, quien aún así considera que representa un beneficio, pues abarca el pago de electricidad, mantenimiento, renovación de tecnologías y eventualidades como el robo.
La liberación del servicio es parte de “un esquema nacional que lo está utilizando CFE en otros municipios y en otros gobiernos”, apuntó el segundo a bordo en el Ayuntamiento paceño, explicando que “la parte del pago” a la empresa “se absorbe del ahorro de energía eléctrica, al ser una inversión privada la que se utiliza para una infraestructura pública”, y este es “el riesgo que corre la empresa”.
Acerca del crédito “contingente-revolvente” por hasta 15 millones de pesos, Guillermo Beltrán aseguró que no será utilizado para ningún otro fin que no sea financiar el pago de energía, lo que ofrece “garantía de que se va a pagar el servicio público”.
“No vamos a manejar ningún recurso, porque la inversión la hace el sector privado […] No incurre el Ayuntamiento en la administración de un recurso […] Los quince millones tienen que quedar fijos para veinticinco años, al ser contingente, nada más funcionarían en el caso de que no se cubriera el pago de la energía eléctrica de cada mes […], en ese momento entraría en acción esa línea contingente para que se pagara la energía eléctrica en ese mismo mes […] Si entra en acción esta línea de contingencia, de todas maneras el Ayuntamiento tiene que reponer al mes siguiente el pago de la energía eléctrica”, advirtió, recordando que los bancos con los que el Ayuntamiento de La Paz se relaciona mayormente son Serfín, Banorte, Banamex y Bancomer.
Sobre la elección de la empresa que sería contratada para prestar el servicio, Beltrán Rochín recordó que “el punto de acuerdo de Cabildo establece que va a haber una comisión de regidores y de Sindicatura para llevar este proceso de licitación, conjuntamente con el área de Tesorería, Servicios Públicos, Oficialía Mayor y Secretaría General”.
En la cuestión del tiempo que duraría esta medida de privatización, el secretario explicó que “el término que señala el punto de acuerdo es ‘hasta veinticinco años’, no ‘de veinticinco años’”, por lo que la empresa podría ser contratada por un plazo mucho menor al propuesto.
“Este Ayuntamiento desea que el Congreso del Estado valore muy bien esta petición”, indicó finalmente el funcionario, insistiendo en que esta “no es una petición que vaya en el sentido político, sino precisamente es una política de seguridad y de finanzas públicas”, la cual “va a depender de la sensibilidad de nuestros legisladores federales, del ejecutivo federal, y también, por otro lado, en este caso, de la legislatura estatal”.
