La Paz, Baja California Sur (BCS). El Tribunal de Justicia del Estado, dio a conocer que el magistrado de la Sala Unitaria de Justicia Administrativa de la insitución, asistió a la Sesión Ordinaria del Consejo Académico del Instituto de Especialización en Justicia Administrativa y Fiscal, en la Ciudad de México.
En dicha sesión, se expuso el Sistema Nacional Anticorrupción y sus consecuencias en la Justicia Administrativa, y se propuso, el crear una comisión redactora para crear el texto que de origen al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
Según se informó, de acuerdo a la reforma Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de mayo del 2015, el Congreso de la Unión debe hacer las adecuaciones normativas para expedir una ley que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, y la Ley General de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos, donde, las legislaturas de las Entidades Federativas quedan obligadas a expedir las leyes y realizar las adecuaciones correspondientes para crear un Tribunal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones.
Con estas adecuaciones, el Tribunal no sólo tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares, sino que además, será competente para imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los particulares y servidores públicos locales y municipales; además de fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales.
De acuerdo a la información, dicha reforma constitucional, implicará una significativa transformación legislativa y orgánica en la materia que impactará en el comportamiento de los servidores públicos de los poderes y municipios del estado, e incluso de la sociedad en general, teniendo en cuenta que podrán imponerse sanciones a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas.
