La Paz, Baja California Sur (BCS). El Gobierno del Estado se verá obligado a rentar inmuebles en Los Cabos, Loreto y Mulegé para instalar el nuevo Sistema de Justicia Penal antes de la fecha fatal acordada por el Gobierno Federal hace ocho años, la cual se cumple dentro de 330 días a partir del 22 de julio; el tiempo que se prolongará el arrendamiento dependerá de la conclusión de los Partidos Judiciales en aquellos municipios, los cuales comprenden cinco Centros de Justicia y una inversión total de 340 millones de pesos.
La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal en BCS llama a esta media “plan B”, según revela Marco Antonio Valdez Corrales, titular de la dependencia judicial, al mostrar que “este plan B nos pega como estado” pues deberá pagarse con recursos propios.
“Nos va a pegar en el sentido de que difícilmente vamos a encontrar un inmueble donde puedan estar las cuatro instituciones operadoras […] Es una inversión estatal, es presupuesto estatal el que se va a utilizar […] Difícilmente vamos a encontrar también espacios que estén completamente listos para operar, se tendrán que pagar modificaciones”.
Marco Antonio Valdez sostuvo que no existen cifras estimadas sobre el costo mensual que esto representará para BCS, pero dijo que en algunos casos incluso se piensa en adecuar zonas que hoy se utilizan como casa-habitación. Se deberá suplir la función de Centros de Justicia, en San José del Cabo, Cabo San Lucas, Loreto, en Santa Rosalía y Heroica Mulegé.
“El plan B no es para quedarnos en él, es provisional”, asegura el secretario de la Comisión Implementadora, señalando como posibles fuentes de financiamiento para los tres Partidos Judiciales la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Valdez Corrales asegura que “el plan B no es nada más para el estado de Baja California Sur”, ya que “la mayoría del país sólo tiene implementado el sistema en un distrito o en una región o en dos, o bien, inició rentando”.
