La Paz, Baja California Sur (BCS). Este jueves 26 de septiembre se aprobó en el Congreso del Estado la creación de la Ley de Comunicación Social para Baja California Sur; el proyecto buscará regular los gastos de promoción y difusión de los entes públicos que contraten en medios de comunicación, además se creará un padrón estatal de medios.
Esta iniciativa surge de la Ley General de Comunicación Social publicada el 11 de mayo de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, cuya vigencia inició a partir del 1 de enero de 2019.
La nueva normativa consta de 42 artículos divididos en 11 capítulos: entre los cuales están las Disposiciones Generales; Reglas de Comunicación Social; el Gasto de Comunicación Social; el de Difusión en la Comunicación Social durante los Procesos Electorales; el de la Estrategia, Programación Anual y Campañas de Comunicación Social; el del Mensaje Extraordinario.
De igual forma, están los capítulos de Vigilancia y Control de la Contratación de la Comunicación Social; el del Padrón Estatal de los Medios de Comunicación; Revisión y Fiscalización de los Recursos Públicos en Materia de comunicación Social, así como el tema de Transparencia y Rendición de Cuentas, o el de las Infracciones y Sanciones.
“Los medios de comunicación que pretendan participar en la contratación de Comunicación Social a que se refiere la presente ley, deberá estar inscrito previamente en el padrón estatal […] La información contenida en el Padrón Estatal de Medios de Comunicación será pública y accesible a distancia”, refiere el documento aprobado por los legisladores de Baja California Sur.
Asimismo establece que, en el tiempo en que se realizan las campañas electorales locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, se deberá “suspender la difusión de toda Campaña de Comunicación Social en los medios de comunicación con cobertura geográfica y ubicación en el Estado”.
Finalmente, la iniciativa presentada en octubre de 2018 fue aprobada por unanimidad, misma que será enviada al Poder Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
El dictamen se realizó por las comisiones unidas de Comisiones y Transportes y Asuntos fiscales, tras un periodo de análisis que se postergó durante 3 meses, con algunos medios de comunicación y organizaciones como la Asociación de Reporteros Sudcalifornianos (ARSAC).
