La Paz, Baja California Sur (BCS). En el Congreso de Baja California Sur se presentó una propuesta para reformar la ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Señalaron que, se busca que se protejan a los menores durante los hospedajes en la entidad.
Destacaron que, debido al incremento del turismo en Baja California Sur, siendo el tercer destino a nivel nacional, se incrementan las posibilidades de actividades ilícitas en un entorno vulnerable, como el turismo sexual.
Por este motivo, se busca implementar en la ley que los prestadores de servicios de hospedaje acrediten el parentesco o filiación entre adultos y menores de edad que buscan hospedarse en sus establecimientos, para prevenir la trata de personas, el turismo sexual infantil y otros delitos relacionados con la explotación de menores.
En primer lugar, se pretende adicionar 2 fracciones al artículo 7o (XXI Bis y XXVIII Bis) de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Baja California Sur, a fin de definir a las personas prestadoras de servicio de hospedaje.
Por tal motivo, se busca crear la obligación de acreditar la filiación, parentesco, patria potestad, tutela o guarda y custodia mediante documentos oficiales, como actas de nacimiento, libros de familia o resoluciones judiciales.
En caso de no poder acreditar la relación entre los menores y el adulto, o si se sospecha de un delito, se deberá negar el servicio y hacer de conocimiento inmediato a la Procuraduría de Protección y a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Trata de Personas de la Procuraduría General de Justicia del Estado
También, mencionaron que, si se tratase de viajes escolares, culturales o deportivos, los menores pueden estar acompañados por personas mayores de edad distintas a sus tutores legales, siempre que presenten una autorización firmada por quienes ejerzan la patria potestad o tutela.
Finalmente, indicaron que, quienes no cumplan con la normativa, serían sancionados con una multa de hasta 1,5000 días de salario mínimo general vigente en la entidad al momento de realizarse la conducta sancionada.
La iniciativa fue asignada a la Comisión de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, tratándose de una medida de combate para prevenir la trata de personas.
