La Paz, Baja California Sur (BCS). En Baja California Sur, sin duda, hay fuertes intereses de grupos de poder económico y político. Basta con voltear al corredor que une a las ciudades de Cabo San Lucas y San José del Cabo, en Los Cabos, para constatar el impecable desarrollo inmobiliario, promovido por el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) desde 1976, al declararlo Centro Integralmente Planeado (CIP).
El caso de La Paz es distinto, por lo menos, así lo era, pero empresarios e inversionistas decidieron imitar la estrategia de Los Cabos. Sintieron el derecho de tomar la rebanada del paraíso. Un paraíso, aparentemente, bastante rentable. Sin embargo, algunos proyectos han encontrado el infierno. Entre Mares, frente a la ciudad, en el mogote, y Paraíso del Mar, están estancados. Otros, como Punta Blanca, Azul del Cortés y Maravía aprobados, en Punta Coyote, pero aún no construyen nada.
Un caso que causó polémica, por la rapidez en que fue autorizado de forma condicionada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, es Marina Azul La Paz. Ubicado, también, en Punta Coyote, el 09 de julio de 2014, se le otorgó el permiso condicionado de 25 años para la preparación del sitio y edificación del mismo, pero la licencia de autorización será de 50 años. Más de 400 hectáreas quedarían a su disposición.
Sin embargo, debido al juicio de nulidad 2297/14-EAR-01-3 que interpusieron un grupo de ciudadanos contra la resolución de la autoridad ambiental (SGPA/DGIRA/DG/0582), las 980 habitaciones de los tres hoteles; las tres mil 872 casas, de diferentes categorías; los dos campos de golf y casas club; las dos clubs de playa; el club hípico; los tres centros comerciales; una escuela y el hospital privado; la marina; el malecón; los dos rompeolas; el club de yates; la planta desaladora; la iglesia; la planta de tratamiento y subestación eléctrica; y el Centro de Información Oceanográfica, no podrán ser construidos. No por ahora.
Francisco Javier Barrera Meza, junto a otros ciudadanos relacionados con Punta El Coyote, acudieron a la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El 04 de septiembre de 2014, se dio trámite a la demanda contra Marina Azul La Paz, impulsado por Grupo Financiero Interacciones, de Carlos Hank Rhon, cuya institución crediticia dio dos préstamos de 40 millones de pesos al Municipio de La Paz. Para operar tenía que buscar el dinero: 2 mil millones 21 millones 689 mil 771 dólares.
El 11 de febrero de 2013, el XIV Ayuntamiento de La Paz, mediante el oficio número 1101-096/2013, emitió la ratificación el Uso de Suelo Turístico. Cabe señalar que el Programa Parcial para la Zona Norte aún no ha sido publicado.
A Carlos Hank Rhon, la revista de investigación periodística Contralíneas, lo vinculó con Pablo Funtanet Mange e Ignacio Guerra Pellegaud quienes aparecen como dueños, mientras que el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe Armella, y Rodolfo Echeverría Ruiz como apoderados: todos vinculados al Grupo de Atlacomulco, corriente priísta en el Estado de México. La publicación reveló un contrato de fideicomiso irrevocable traslativo de dominio con cláusula de reversión 5496 el 10 de septiembre de 2009, notariado por Fernando González Rubio Cerecer, bajo el volumen 205, de acuerdo con la escritura 5032.
El resolutivo de nulidad
El magistrado Héctor Espinosa Cantellano concluyó procedente conceder, en definitiva, la medida cautelar de nulidad, “ya que de continuar con el proyecto se podrían ocasionar daños y perjuicios de imposible reparación”.
“Es importante señalar que la finalidad de suspender los efectos de la resolución impugnada es la protección del derecho de la población en general a gozar de un medio ambiente adecuado, interés que se encuentra por encima del interés particular, pues tal derecho ha sido elevado a rango constitucional”, explicó el representante de la justicia administrativa federal.
Los argumentos presentados sumaron a todas las voces que opinaban en contra, y que la Semarnat no decidió escuchar: ni al sector ambiental, ciudadano o científico. El supuesto proyecto basado en la sustentabilidad, contrastacon las omisiones que señalaron los inconformes durante la reunión pública de información. En su momento, David de La Paz, en ese entonces asesor externo de Marina Azul La Paz (ahora coordinador estatal de Tv Azteca y fundador del Frente Pro Desarrollo Sustentable), mencionó que la misión de los careos con la sociedad era recoger propuestas “y garantizar que realmente se cumplan las recomendaciones”.
El denunciante, Francisco Javier Barrera Meza, enumeró cada una de las irregularidades. Para empezar, la empresa no tiene la certidumbre jurídica con respecto a la propiedad o posesión de tierras. Tampoco, aclara la cuantificación, mitigación o compensación de los impactos ambientales a los sistemas de duna. Encontraron inconsistencias con el decreto de veda Foresta y no expone la afectación que significa la colocación de una marina de 11 hectáreas y su influencia sobre las zonas protegidas de Balandra e isla Espíritu Santo. No acredita los volúmenes de agua, entre otros aspectos.
La incapacidad del promovente de pormenorizar cómo crearía 4,000 empleos directos, y el doble indirectos, es un punto que llamó la atención del magistrado.
“No exhibe los medios probatorios con lo que sustente su argumento, razón por la cual el suscrito Magistrado no puede determinar una cantidad cierta, respecto de la cual se garantice el daño a terceros (…) si la reclamante realiza una afirmación sin ofrecer la prueba adecuada en juicio que demuestre la procedencia de su acierto, el argumento resulta insuficiente, debiendo de ser desestimado”, detalló.
Semarnat reserva información
Con el oficio número de folio 0001600388914ingresado al Sistema Infomex, se solicitó que contengan la suspensión administrativa a la autorización en materia de impacto ambiental contenida en el oficio número SGPA/DGIRA/DG/05862 a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental. La Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Semarnat, reconoció la existencia de los expedientes del archivo de trámite de la Dirección General Adjunta de lo Contencioso Administrativo y Judicial, con las constancias del juicio de nulidad 2297/14EAR013.
Basado en los artículos 14 fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental respondió:
“Respecto a lo anterior, se determina que la documentación solicitada, como lo es la relacionada a la Medida Cautelar, se encuentra Clasificada como Reservada por un año, ya que se encuentra subjudice, es decir no se ha dictado la resolución definitiva que ponga fin al juicio”.
