Ciudadanos de BCS podrán instalar cámaras de seguridad, las cuales deberán ser registradas

Foto: Opción Segura
La población podrá instalar cámaras de videovigilancia cumpliendo normas legales, con apoyo técnico y jurídico disponible
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La Paz, Baja California Sur (BCS). La Comisión Técnica de Videovigilancia de Baja California Sur anunció, mediante un comunicado especial compartido en redes sociales, que cualquier persona, empresa o institución interesada podrán adquirir e instalar sistemas de videovigilancia, siempre que se respeten los lineamientos establecidos y se registre cada uno de los sistemas en un proceso que se está trabajando. 

“Esta coordinación garantiza que cualquier persona física o moral podrá continuar, adquirir e instalar sistemas de videovigilancia, siempre en apego a los principios de legalidad y no afectación a la intimidad personal. Para ello, esta comisión está diseñando herramientas tecnológicas, logísticas y jurídicas que facilitarán el proceso para el debido registro de cada uno de los sistemas, el cual una vez consolidado estará a disposición de todos los usuarios”, detallaron en un comunicado. 

Este anuncio viene días después de que la ciudadanía mostrara su molestia en redes sociales, tras compartirse un video en el que un elemento de la policía municipal retira, sin previo aviso al dueño, una cámara de seguridad instalada en un domicilio particular, lo cual fue tachado como un robo. 

La comisión asegura que busca dar certeza a la población sobre el uso legal y seguro de cámaras de seguridad, en un contexto donde la tecnología se ha convertido en una herramienta clave para prevenir delitos y apoyar investigaciones. La instalación de estos sistemas no requiere autorización previa, pero sí debe cumplir con los procedimientos normativos vigentes

Además, se informó que la comisión está desarrollando herramientas tecnológicas y jurídicas que facilitarán el proceso de instalación, haciendo más accesible la videovigilancia para quienes deseen proteger sus hogares, negocios o comunidades. 

La coordinación entre autoridades estatales, municipales, empresas de seguridad privada y representantes ciudadanos garantiza que los operativos relacionados con videovigilancia se realicen de forma legal y transparente. 


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