La Paz, Baja California Sur (BCS).- Al subcomisionado del Partido del Trabajo (PT), Alfredo Porras Domínguez, le fue admitido un amparo que impide a cualquier juez del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) girar orden de aprehensión.
El día 28 de mayo de 2014, el Juzgado de Segundo de Distrito del Poder Judicial de la Federación procedió con el amparo número 453/2014.
En su causa principal las autoridades aceptan la demanda en todos sus términos. Además, se propuso el 13 de junio de 2014 para celebrar la audiencia constitucional y solicitó a la autoridad rendir un informe justificado del caso. Ahí se determinará, de existir una nueva orden, si es o no legal.
A su vez, la demanda interpuesta por los abogados del político, quien fue acusado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de peculado junto al ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, tiene un apartado en el cual “requiere a las autoridades responsables rindan su informe previo” sobre algún mandato de aprehensión hacia él.
En la audiencia incidental se revisará si hay o no una orden de aprehensión. Los jueces del sistema judicial estatal tendrán ocho días para emitir la disposición judicial para capturar al petista desde el día de publicación del amparo.
“Se concede la suspensión provisional respecto del acto reclamado consistente en el auto de formal prisión. La suspensión surte efecto pero desde luego dejara de surtirlos si cada uno de los quejosos no exhibe dentro del término de tres días computado legalmente garantía en billete de depósito por la cantidad de 3,500.00 pesos o póliza de fianza”, se lee en el listado del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal.
Porras Domínguez reapareció a finales de 2013 cuando Francisco Javier Obregón Espinoza, delegado nacional del PT, le tomó protesta en las oficinas del partido, en la capital de Baja California Sur.
El 06 de diciembre de 2011, el representante del PT junto con ex gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño, la Contraloría General del Estado (CGE) le fincó responsabilidades por un presunto quebranto patrimonial (expediente CGE/065/2011) que derivó en una sanción de 28 millones de pesos para el ex mandatario y de 13 millones 986 mil 900 pesos para el ex secretario general.
