La Paz, Baja California Sur (BCS).- Tampoco Baja Ferries sabe a dónde va el dinero que la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur (APIBCS) cobra por concepto de Acceso a Terminal Portuaria (ATP), según dijo su director general, Óscar Ruano, confirmando que la demanda en contra de la paraestatal se encuentra en el juzgado colegiado de tercera instancia, un paso antes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por 90 millones de pesos.
“No tengo tampoco yo la menor idea de cuál sea el destino, creo que es cuestión de la API y de los sudcalifornianos preguntar en dónde está”, dijo el director de la más grande naviera del estado.
Esto luego de que Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), confirmara que la dependencia a su cargo no conoce el destino de los cobros, por lo que iniciarán investigaciones.
Óscar Ruano aclaró que el cobro por ATP ha sido absorbido por la empresa y que “nunca se le cobró directamente a ninguno de los clientes”. De esta manera, de ganar el juicio contra APIBCS, los 90 millones de pesos que demandan se sumarían a las utilidades de la empresa.
El director coincide con Raúl Ruiz de Teresa cuando éste señaló que la tarifa ATP es legal, sin embargo, aclara, es mal aplicada, pues el documento oficial de autorización que la coordinación general de Puertos y Marina Mercante expidió el 16 de diciembre de 2011 al respecto, precisa que se cobrará “a todos los usuarios solicitantes” del “servicio complemental”, que consiste en pesaje de la carga, algo que Baja Ferries jamás ha pedido a la APIBCS.
“No es un uso de infraestructura. Nosotros nunca hemos estado en contra de usar la infraestructura ni de pagar lo que se debe de pagar por el uso de la infraestructura […] Nosotros, como Baja Ferries, no lo necesitamos, por lo tanto no lo solicitamos. Desgraciadamente la API lo ha estado aplicando de manera obligatoria”.
Finalmente, se refirió a las estrategias que el coordinador general de Puertos y Marina Mercante anunció en su última visita a La Paz para “alentar la competencia” en materia de navieras en BCS, y específicamente en Pichilingue. Ruano recordó que se compite es “un mercado abierto” y que no existe “ninguna concesión” en el negocio, por lo que están abiertos a la competencia, siempre y cuando, finalizó, esta sea “igualdad de condiciones”, advirtiendo que “fomentar una competencia no debe ser vía subsidio o vía créditos enormes o por tiempos indefinidos”.
