Congreso de BCS desestima petición para destituir al presidente del Tribunal Superior de Justicia

El Congreso de Baja California Sur desestimó una petición ciudadana para la destitución del Presidente del Tribunal Superior de Justicia. Los detalles
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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado de Baja California Sur desestimó la petición ciudadana, hecha por Arturo Rubio, en la que se trató de demostrar el ejercicio ilegal del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Daniel Gallo Rodríguez, a quien señalan de ejercer en el cargo por un periodo de 11 años.   

“Por las consideraciones vertidas en el presente dictamen, resuelve no tomar en consideración la petición de particulares presentada por el C. Arturo Rubio”, finalizaba el documento al que se le dio lectura en el pleno legislativo.  

En la sesión pública ordinaria del día 9 de junio, la Comisión Permanente de Asuntos Políticos resolvió no tomar en consideración dicha petición, además de dar a conocer los argumentos en los que no coincidían con dicha solicitud. Un ejemplo, de esto último es lo siguiente: 

El peticionario dijo que el Lic. Daniel Gallo Rodríguez ha permanecido, ilegalmente, en el cargo durante 11 años; las actas donde fue electo se publicaron en los Boletines Oficiales en 2012, 2014, 2017 y 2020. Señaló que el artículo 95 de la Constitución Política de la entidad establece que solo durará 3 años en dicho puesto con la finalidad de evitar que perpetue una persona en el cargo. 

El Congreso dijo no coincidir con lo previamente señalado ya que en el artículo 116, de la regulación del ejercicio del encargo de los integrantes de los Poderes Judiciales Locales dice que los magistrados durarán en su cargo el tiempo que señale la Constitución local y que podrán ser reelectos y únicamente privados de su puesto en los términos que determinen las Constituciones

Previamente, en enero del año en curso, el ciudadano Juan Manuel, realizó una huelga de hambre a las afueras del Poder Judicial exigiendo la salida del magistrado señalando que tenía 10 años en el poder de manera ilegal, de acuerdo con la Ley.  


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