La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado no aprobó las cuentas públicas del Ayuntamiento de Mulegé, ni del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAS) del mismo municipio, dio a conocer la diputada María Guadalupe Saldaña Cisneros al presentar al pleno de la XIV Legislatura los informes de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública de ambas instancias correspondientes al año de 2014.
A través de un boletín de prensa, la Diputada destaca irregularidades en las cuentas públicas como la entrega retrasada, o bien, la no entrega de las cuentas públicas mensuales, y la no solventación de la mayor parte de las observaciones que se realizaron durante la auditoría realizada al Gobierno Municipal mulegino, en donde solamente se solventó el 7 % de las irregularidades señaladas.
En la sesión ordinaria de este martes, la Presidenta de la Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso, dio a conocer que en el caso de la administración municipal de Mulegé, a lo largo del ejercicio fiscal de 2014, en el rubro de egresos se observó la falta de soporte documental y justificativa en las erogaciones realizadas; en lo relacionado con el uso de combustible no se anexan controles de distribución de los vales de gasolina; se comprobaron gastos con documentos que no cumplen con los requisitos fiscales.
El informe al que dieron lectura los integrantes de la Comisión y que conocieron los legisladores precisa que en lo concerniente a la obra pública, entre otras observaciones realizadas, no se presentaron por parte de la administración de Mulegé los documentos fiscales que amparen los egresos realizados, y en su caso, tampoco existe el acreditamiento de los criterios que funden la excepción en la licitación pública.
Por lo que respecta al SAPAS se observa en el informe que los saldos iniciales en el año de 2014 no coinciden con los finales de 2014; no se presentaron ante la autoridad competente las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado mensualmente; no se pagó en forma trimestral el derecho de uso de aguas y bienes nacionales; se observó falta de firmas e las nóminas y prestaciones por los beneficiarios y no se presentó la base de datos de las nóminas procesadas.
Por último, en el texto del informe se precisa que se instruye al Órgano de Fiscalización Superior para que en uso de sus facultades legales «continue con los procesos de solventación pendientes, y en su caso formule las peticiones de fincamiento de responsabilidades ante las autoridades competentes».
