La Paz, Baja California Sur (BCS). Daniel Sánchez Ávila, quien estuvo preso desde 2013 hasta enero de 2014 por su presunta responsabilidad en el homicidio de Jonathan Hernández Ascencio, denunció civilmente al Gobierno Baja California Sur, la mañana de este martes, por daño patrimonial, luego de que la Procuraduría General de Justicia del Estado no le pudo comprobar su culpabilidad en el crimen.
“Buscamos fincar un precedente. ¿Por qué razón? porque no debemos permitir que la situación siga igual. En este momento es cuando precisamos un cambio, tenemos que exigirles a las instituciones, y si no lo hacemos a través de estos mecanismos jurídicos, se van a seguir cometiendo arbitrariedades”, declaró Miguel Ángel Meza, defensa de Sánchez Ávila.
La justificación para su denuncia, aseguró, está basada en la propia Constitución, la cual en su Artículo 133, establece que cualquier ciudadano dañado por las fallas del sistema, puede reclamar una indemnización al Gobierno que lo dañó.
Aunque fue la misma justicia estatal la que inculpó al joven en este asesinato, que finalmente no le pudo ser acreditado, su defensa aseguró que confía en las instancias gubernamentales en las que se interpuso la denuncia.
“Tenemos el voto de confianza por parte de la autoridad, del Poder Judicial del Estado”, destacó.
Si bien se presume, buscan una indemnización económica, la defensa del joven aclaró, que será el propio juez, quien lleve el caso, el que determinará la cantidad a pagar por el Gobierno del Estado a favor de Daniel, pues ellos, dijo, no pidieron una suma específica de dinero.
Al ser cuestionado si interpondrían una denuncia directa contra Gamil Arreola Leal, quien era el titular de la PGJE, cuando Sánchez Ávila fue arrestado, el abogado expresó, que será la administración estatal la que decide si, el exfuncionario deberá ser objeto de una sanción por negligencia.
