Puerto San Carlos, Baja California Sur (BCS). Los padres de Asael Valtierra Loya, denunciaron que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) quiere dar ‘carpetazo’ al homicidio del joven, ocurrido hace cuatro años.
Mediante un comunicado de prensa, la familia Valtierra Loya señaló que aunque hay avances en las investigaciones, no se han allegado de pruebas suficientes para consignar a otros responsables, aunque estén identificados.
“Consideramos que las investigaciones deben continuar y no dar ‘carpetazo’ al asunto, mucho menos abandonarnos y negarnos la atención y el derecho de audiencia que tenemos como ciudadanos y como víctimas del delito, en virtud de que ni el procurador Adonai Carreón Estrada, ni el subprocurador de Investigaciones Especiales Isai Arias Famania, han querido atendernos durante los últimos tres meses”, acusaron.
La familia Valtierra Loya, recordó que la PGJE giró órdenes de aprehensión contra siete personas, de las cuales cinco, están prófugas.
Son tres policías municipales: el ex comandante Felipe Rodríguez Higuera, y los policías Guillermo Aripez Geraldo y Moctezuma I. Bareño Arce. Además de otras personas identificadas como Obed Lemuel León Saenz “El Bitachi”; Ignacio Acosta Madrigal “El Nancho”; Óscar Fidel Angulo López; Jaime Lara Murillo “El güero Edén” o “El Vaquero”, y Amadeo “El Yeyo”, Zamudio, quien es señalado como asesino material, ejercitándose hasta la fecha acción penal sólo en contra de los dos últimos.
“Todo lo anterior nos genera muchas dudas e incertidumbre. Dudas que necesitamos y solicitamos nos sean aclaradas por parte de la procuraduría. No sabemos qué planes tienen en torno a este caso. Si piensa continuar con las investigaciones para cumplir cabalmente con el acuerdo del día 3 de marzo del 2011. No sabemos qué plan o estrategias tiene para lograr ejecutar las órdenes de aprehensión pendientes”, señalaron los familiares.
Finalmente, se establece que contactarán a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que intervenga de una manera más directa, y se exija a la PGJE y al gobierno de Baja California Sur, dar atención a las víctimas del delito.
